La secretaria xeral da Igualdade, Sandra Vázquez, intervino hoy en la Comisión 5ª del Parlamento de Galicia para dar cuenta del Informe anual de violencia de género 2022, donde destacó la continuidad del compromiso de la Xunta con el apoyo económico a las víctimas como “herramienta imprescindible” para que estas mujeres (900 en 2022) puedan conseguir la independencia económica de sus agresores y avanzar en su recuperación. La representante autonómica puso en valor el amplio catálogo de apoyos que tanto en el ámbito psicológico, como laboral y de intervención pone la comunidad a disposición de estas mujeres y de sus hijos y que sitúan a Galicia como referente.

La secretaria xeral tuvo un recuerdo en el inicio de su intervención para las dos mujeres asesinadas en Galicia este 2023 y para el conjunto de las víctimas que sufren violencia de género en la comunidad, a las que les recordó que no están solas y que tienen a su lado un Gobierno autonómico comprometido y con su protección.

El apoyo económico a las víctimas con el objetivo de que den el primer paso para lograr unas condiciones suficientes de independencia económica respecto del agresor, sigue siendo una de las prioridades del Gobierno gallego que en 2022 concedió cerca de 900 ayudas de carácter económico: 571 de pago periódico, con las que estas mujeres perciben hasta 800 euros mensuales y durante un período de 12 meses; 315 de pago único, para ayudar a las mujeres con mayores dificultades de inserción laboral; y una ayuda en el marco de los apoyos a los hijos huérfanos o a las mujeres que resultaron gravemente heridas.  

Los recursos de acogimiento, por su parte, dieron cobijo a 351 personas (130 de ellas, menores), que accedieron a viviendas tuteladas y centros de acogida, al centro de emergencia de Vigo, la viviendas de seguridad para víctimas de trata o el inmueble tutelado especializado en mujeres víctimas con enfermedad mental. El Centro de recuperación integral para mujeres que sufren violencia de género, sito en Santiago, atendió, por su parte, 131 personas.

Galicia reconoce la asistencia psicológica gratuita para mujeres, menores y/o personas dependientes que vivan o padezcan situaciones de violencia de género. En 2022 se beneficiaron de estos apoyos, concertados con el Colegxo de Psicoloxía de Galicia, 1.049 personas, de ellas 269 menores de edad y 51 con dependencia. “Estamos ofertando recursos terapéuticos que ayuden a las víctimas a afrontar la situación y a reforzar su autoestima, además de ser un apoyo en la recuperación o adquisición de habilidades que les permitan lograr la autonomía y la integración en la vida social y laboral”, destacó Vázquez.

La secretaria xeral puso en valor también el trabajo que la Xunta está ejerciendo con hombres que adoptan conductas inadecuadas con sus parejas y desean adquirir nuevos modos de comportamiento, habiéndose actuado en 2022 con 119 beneficiarios; o el trabajo con menores que ejercen la violencia de género a los que se les dispensa atención integral, en colaboración con ALAR Galicia, habiéndose realizado en 2022 un total de 140 sesiones grupales de trabajo con 50 jóvenes participantes.

En el ámbito de la formación y del empleo, Vázquez subrayó que más de un ciento de mujeres víctimas fueron contratadas por 54 ayuntamientos gracias al programa de incentivos de la Secretaría Xeral da Igualdade y otras 26 mujeres gracias al programa de inserción desarrollado con las entidades sin ánimo de lucro.

Vázquez se refirió a la puesta en marcha en 2022 de un nuevo protocolo de actuación del Servizo Galego de Saúde ante casos de sospecha de sumisión química en la atención primaria y urgencias como ejemplo del trabajo transversal que implica la múltiples departamentos de la Xunta en la busca de la igualdad y la lucha contra todas las violencias sexuales.

Para la secretaria xeral da Igualdade, supone un avance para la respuesta institucional ante las víctimas, que se haya renovado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, “un instrumento eficaz para coordinar las políticas de combate contra la violencia de género” y un “eje prioritario” para la Administración autonómica, que aumentó su presupuesto para reforzar y ampliar los recursos para las víctimas en este 2023 en un 14 % hasta los 20,5 M€.