Santiago de Compostela, 8 de junio de 2023 La Xunta de Galicia acaba de ampliar hasta cerca de 21 millones de euros —4,67 millones de euros reservados para víctimas de violencia de género y 16,3 millones de euros para el resto de beneficiarios— el presupuesto total disponible para pagar el Bono de alquiler social, una prestación que garantiza la cobertura de la renta de la vivienda habitual a colectivos y familias que, por diversos motivos, se ven afectadas por una situación de vulnerabilidad.

Con la resolución del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) que se recoge hoy en el Diario Oficial de Galicia, la actual convocatoria del bono —publicada en julio del año pasado y vigente hasta el año 2026— suma un total de 2,3 millones de euros a los fondos inicialmente previstos, ampliación que se repartirá entre los ejercicios 2023, 2024 y 2025 y permitirá llegar a un mayor número de beneficiarios.

El objetivo de este programa es facilitar el acceso o el mantenimiento de un hogar a colectivos desfavorecidos, específicamente la afectados por una demanda de desahucio o un procedimiento de ejecución hipotecaria, víctimas de violencia de género y mujeres que sufren trata con fines de explotación sexual, hijos menores de 30 años de víctimas mortales por violencia de género, personas privadas de su vivienda por causas sobrevenidas e imprevistas o que se encuentren en situación de emergencia social, y jóvenes tutelados por la Xunta una vez consiguen la mayoría de edad, entre otros.

Con el fin de paliar este tipo de situaciones de vulnerabilidad, los beneficiarios tienen derecho la una prestación que, desde el año 2020, equivale al 100% de la renta que figure en su contrato de alquiler, siempre y cuando esta no supere la cuantía límite establecida por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) para cada área geográfico.

De este modo, en las 7 grandes ciudades el importe que asume la Xunta es de, como máximo, 550 euros al mes; en los ayuntamientos de tamaño medio y localizados en entornos urbanos, está fijado en 500 euros; y en el resto de municipios, el límite consigue los 425 euros.

En todo caso, estas cuantías se incrementan en un 20% cuando la unidad de convivencia del beneficiario necesite disponer de una vivienda adaptada o esté integrada por 5 o más miembros por lo que en estos supuestos el importe del bono podrá llegar hasta los 660, 600 o 510 euros, respectivamente y según la zona.

1,5 veces el Iprem

Para acceder a estos incentivos, los solicitantes deben acreditar unos ingresos ponderados de la unidad de convivencia inferiores a 1,5 veces el Iprem —entre 12.600 euros anuales en 14 pagas para unidades familiares de 1 miembro y 21.000 euros anuales para familias de 5 o más miembros—. Esta cuantía se ve incrementada en función del número de convivientes y de otras circunstancias particulares que ponderan para lo límite de ingresos.

Además, los perceptores de esta prestación también pueden recibir una ayuda complementaria de hasta 600 euros destinada a pagar los gastos asociados a la constitución de un nuevo contrato de alquiler —fianza, alta de suministros, etc.— o bien a atender las cantidades pendientes de pago que motivaron el procedimiento de desahucio.

El Bono de alquiler social se concede por un período de 12 meses consecutivos, aunque pueden solicitarse 4 prórrogas. De este modo, los beneficiarios tienen derecho a percibir esta ayuda que les garantiza la cobertura total de su alquiler por un máximo de 5 años.

Además, hace falta recordar que el actual bono se convocó el verano pasado de forma continuada y permanente hasta el año 2026 o hasta agotar el crédito disponible, por lo que en la propia convocatoria ya se preveía la posibilidad de que el presupuesto inicial —cerca de 15 millones de euros— pudiera ser ampliado durante su vigencia.