La secretaria xeral de la Igualdade, Susana López Abella, participó hoy en una reunión con las entidades de la Red contra la Trata, en la que abordaron los mecanismos para contar en la comunidad con un sistema de acreditación administrativa de la condición de víctima de trata de seres humanos y/o de explotación sexual para garantizar el acceso de estas mujeres a recursos en todo el Estado.

Galicia está avanzando en el cumplimiento del acuerdo conseguido por la Conferencia Sectorial de Igualdade del pasado mayo con motivo de las medidas urgentes articuladas por el Gobierno central en respuesta a las consecuencias sociales de la guerra de Ucrania, para consensuar entre las comunidades autónomas procedimientos y pautas para conseguir esta acreditación.

“Estamos trabajando en el diseño de un modelo de acreditación que otorgue a las mujeres víctimas de trata o explotación sexual acceso a servicios y recursos asistenciales”, especificó López Abella.

La Xunta de Galicia mantiene un firme compromiso con esta lucha y en el apoyo a sus víctimas. Desde 2022, la comunidad cuenta con el I Plan gallego contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual dotado con más de 7 millones. El Plan regirá hasta 2024 las acciones y políticas para la sensibilización en torno a la trata con fines de explotación sexual, el consumo de prostitución y otras formas de explotación sexual; con el objetivo de mejorar la detección, identificación y protección de las víctimas, y la consolidación de los recursos de atención integral.

El Gobierno gallego ya inició la ejecución de las medidas de ese I Plan gallego de la mano de las entidades que conforman la Red contra la Trata  -un total de doce asociaciones- con las que se diseñó su contenido.

López Abella subrayó el papel “referente” de Galicia en la materia, al tener fortalecidos los recursos para las víctimas e incidir en la erradicación. Recordó que Galicia reconoce la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual como violencia de género y, desde este año, considerará como víctimas de violencia de género a las de explotación sexual, por lo que podrán acceder a las ayudas económicas y recursos de apoyo jurídico, psicológico, social y para la inserción laboral destinadas a ellas.