El vicepresidente segundo y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, destacó hoy en una interpelación en el Parlamento de Galicia el compromiso del Gobierno gallego con la Administración de Justicia al poner en funcionamiento 94 órganos judiciales, con un promedio de cuatro nuevas unidades cada año.

Así, incidió en que Galicia acepta y financia todas las unidades judiciales que otorga el Ministerio de Justicia y mantiene el compromiso de ponerlas en marcha en el menor tiempo posible. En concreto, desde comienzos de cada año están operativos los nuevos juzgados asignados por el Gobierno central, como ocurrió este año con los de Primera Instancia número 15 de A Coruña, 16 de Vigo y 6 de Lugo.

Pese a que la dotación de personal y de equipación de los nuevos juzgados concedidos a la comunidad corresponde a la Xunta, Diego Calvo aclaró que la competencia de la creación de nuevas unidades judiciales, esto es, de la composición de la planta judicial, es del Gobierno central. Así se recoge -aseguró- en la Ley de demarcación y planta judicial.

Por tanto, el Gobierno gallego no tiene competencia para decidir el número de juzgados que se crean en la comunidad en cada anualidad pero sí puede proponer las unidades judiciales que consideran prioritarias según las necesidades de la comunidad. Tal y como recordó el vicepresidente segundo de la Xunta, ese es el proceso que viene siguiendo la Xunta en consenso con el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). De hecho, la Comisión Mixta entre ambos organismos se reunió ayer para ratificar la propuesta de este año que se trasladó al Ejecutivo estatal.

Diego Calvo recordó que la Xunta y el TSXG consensuaron en la reunión de ayer dar prioridad a la puesta en marcha de un juzgado de violencia sobre la mujer exclusivo y excluyente de carácter comarcal en el partido judicial de Santiago de Compostela, que se sume a los que ya están en funcionamiento en las ciudades de A Coruña y Vigo. De este modo, además del partido judicial de Santiago, se propuso que de cobertura también a los de Ribeira, Padróny Negreira.

La propuesta incluye la previsión de extender en los dos próximos años este tipo de tribunales al resto de ciudades gallegas, ya que actualmente solo A Coruña y Vigo cuentan con juzgado de violencia sobre la mujer exclusivo y excluyente.

En la relación presentada al Ministerio de Justicia también figuran dos magistrados de la sección penitenciaria -uno en la Audiencia Provincial de A Coruña y otro en la de Pontevedra- que deben ser creadas por el Gobierno central. Ya se habían solicitado el año pasado pero finalmente el Ejecutivo estatal no los integró en la programación.

La solicitud, realizada en base a las cargas de trabajo de las unidades judiciales de toda Galicia, se completa con un juzgado de Primera Instancia en A Coruña y otro en Ourense, un juzgado del contencioso en Santiago de Compostela, un juzgado del social en Ferrol, así como otros juzgados de Primera Instancia en Ribeira, Carballo, Vilagarcía de Arousa y Viveiro.