Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2023 El conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, presentó hoy en la Conferencia Sectorial de Educación los alegatos de Galicia al proyecto de real decreto de Ordenación del Sistema de Formación Profesional, centradas en la falta de una memoria económica y en las dificultades que se ponen para incorporación de personas expertas de los sectores productivos como docentes.

Tal y como señaló el conselleiro, el proyecto de real decreto no supone grandes novedades para la FP gallega, “dado que ya se están aplicando la mayor parte de las medidas desde hace tiempo. De hecho en Galicia ya se incorporó en el currículo un módulo inglés en los currículos implantados en los últimos cursos, ya existen las dobles titulaciones, la FP Dual ya está diseñada a medida de las empresas y en los centros educativos ya se ofertan acciones formativas para desempleados”, destacó entre las cuestiones de mayor importancia.

En cualquier caso, Román Rodríguez lamentó las prisas del Gobierno central por acelerar el proceso de desarrollo legislativo y normativo antes de las próximas elecciones estatales, “lo que dificulta el análisis de los textos, el debate y la reflexión sosegada”. De hecho, en el caso del análisis de este real decreto, se remitieron documentos diferentes para la Conferencia Sectorial de hoy y para las reuniones técnicas previas. “El último documento corrige varias cuestiones e incorpora sugerencias de otras comunidades que aún no pudimos estudiar”, explicó.

Falta de financiación

El titular del departamento educativo de la Xunta señaló como el principal defecto del nuevo texto la falta de una memoria económica, que tampoco figura en la nueva ley de FP. En este sentido, explicó que la puesta en marcha de determinadas medidas como la reducción de ratios (y, como consecuencia, la necesidad de adquirir equipaciones para los nuevos grupos), los cursos de formación específicos preparatorios para el acceso a la FP de grado superior o el incremento de las ayudas al desplazamiento del alumnado va a suponer un sobrecoste que el Ministerio no aclara como financiar.

“Volvemos a estar, como ya viene siendo habitual, con un ejemplo de normativa en la que el Gobierno central impone medidas que deben sufragar, sin apoyo, las comunidades autónomas. Por ejemplo la equiparación salarial de los profesores técnicos de FP supone solo en Galicia una inversión anual de 3,5 M€ que asume la Xunta en solitario”, recordó.

Expertos del sector productivo

En el caso de los profesores expertos del sector productivo, los alegatos hechos desde la Xunta advierten de que el proyecto normativo permite solo la contratación de estas personas si no hubiera otro docente disponible. “Esto limita la posible incorporación a la docencia de esta figura clave para la FP –lamentó el conselleiro–, que permite mantener una conexión directa con los sectores empresariales, garantizar la óptima formación del alumnado en ciertos módulos profesionales y contribuye a la actualización de los currículos formativos”.

A este respecto, Galicia solicita que la incorporación de estos expertos a la docencia en centros educativos no esté condicionada a que no existan otros docentes disponibles, que se regule con más claridad el sistema de selección de estas personas y que se especifique cuál es la modalidad contractual, entre otras cuestiones.