La conselleira de Promoción del Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, participó hoy en la Conferencia sectorial del sistema de cualificaciones y formación profesional para el empleo, en la que lamentó la anulación, por parte del Gobierno central, de 24,5 millones de euros en ayudas para la formación ya adjudicadas de manera provisional a 450 empresas y oenegés con cargo a fondos europeos y reivindicó, una vez más, el papel de las comunidades autónomas en el diseño de las políticas de empleo acercadas a la realidad para apoyar al tejido productivo.

En la reunión, que contó con la presencia de la secretaria general de Formación Profesional y representantes de las comunidades autónomas, Lorenzana escenificó su desacuerdo con las medidas que contempla el proyecto de Real decreto que desarrollará la Ley orgánica de ordenación e integración de la formación profesional aprobada hace un año en el Congreso “porque dificulta terriblemente y remite a una rigidez insostenible para el tejido productivo”.  

“Ahora mismo las empresas precisan de una formación muy ágil para los trabajadores y los desempleados precisan también una formación similar”, aseveró la representante de la Xunta, quien lamentó que el real decreto introduce una serie de trabas burocráticas y administrativas que complican el trabajo de las comunidades autónomas, “las competentes en políticas activas de empleo”, aseveró.

La conselleira recordó que Galicia solicitó al ministerio “mayor deferencia” con ellas y coordinación en las cuestiones relacionadas con los servicios públicos de empleo.

En la misma línea, la representante de la Xunta de Galicia reclamó al Gobierno central aclaraciones acerca de la anulación de la convocatoria pública de ayudas, con un presupuesto de 25 millones de euros con cargo a los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y resiliencia (MRR), para la cualificación y recalificación de personas trabajadoras en sectores estratégicos.

Estas ayudas ya habían sido adjudicadas provisionalmente a 450 empresas y oenegés. “Consideramos que la anulación no respeta el procedimiento administrativo y se hace un año después de haber comenzado la tramitación”, especificó la conselleira, quien consideró que con esta actuación, una vez más el Ministerio de Educación muestra su incapacidad para adaptarse a las necesidades de las empresas: “el ministerio no está en contacto con el empresariado ni con las trabajadoras ni trabajadores”, afirmó