La Xunta de Galicia celebró hoy que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la prórroga extraordinaria de ENCE para permanecer en la ría de Pontevedra le dé la razón al Gobierno gallego en sus argumentos en contra de la última modificación del Reglamento general de espaldas y avale “de manera inequívoca” la postura que siempre defendió sobre las prórrogas de las concesiones en el litoral anteriores al año 1988.

En respuesta a una pregunta en el Parlamento sobre los efectos de esta decisión en el recurso presentado por la Xunta contra la referida reforma del reglamento, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, incidió en que el Supremo “descarta sin lugar a dudas que se pueda negar el derecho a prórroga” en el caso de títulos otorgados en el dominio público marítimo terrestre (DPMT) antes de esa fecha.

“Llevamos tres años de ataques continuos a los 82 ayuntamientos gallegos del litoral, de ataques continuos a los 2500 kilómetros de costa, de ataque social, político, medioambiental y por supuesto, también económico”, declaró la conselleira, que se felicitó por el hecho de que la sentencia —cuyo fallo se conoció el pasado 7 de febrero pero que no se hizo pública hasta hoy— le da la razón a la Xunta “absolutamente en todo”.

Asimismo y preguntada también por las consecuencias para Galicia del expediente abierto por la Unión Europea contra España por las concesiones para la construcción en el DPMT, la responsable autonómica anunció que ya se dirigió al Gobierno central para pedirle que informe a todas las comunidades autónomas costeras sobre este asunto.

En esa línea, avanzó que la semana pasada remitió sendas cartas a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y al secretario de Estado para la UE, Pascual Navarro, en las que solicita información en profundidad sobre el procedimiento de infracción abierto y, especialmente, sobre la Carta de Emprazamento.

Después de lamentar que, hasta el momento, “solo tenemos conocimiento de la cuestión por lo publicado en los medios de comunicación”, la conselleira recordó que Galicia, además de ser la comunidad con más kilómetros de costa, tiene competencia exclusiva en materia de ordenación del litoral.

De hecho, el Gobierno gallego está ultimando el anteproyecto de la Ley de ordenación del litoral de Galicia, que, según Ángeles Vázquez, “no se vería afectado por este procedimiento” porque está fundamentado en las recomendaciones del Parlamento Europeo y del Consejo, relativas a la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras de Europa, así como en la Carta Europea del Litoral.

Hace falta recordar que la futura normativa, que superó los trámites de audiencia e información pública y cuyas alegatos ya fueron contestadas, tiene como finalidad regular la protección y la utilización sostenible del litoral por confluir en él valores ambientales, económicos y sociales, pero no regir el plazo de las concesiones en la costa por estar reservado a la legislación estatal básica, que el anteproyecto de ley de la Xunta respeta.

Viviendas en el barrio ourensano de Covadonga

Por otra parte, la conselleira también respondió en el Parlamento sobre las obras de reforma y acondicionamiento que fue necesario realizar en los edificios de viviendas de promoción pública del barrio de Covadonga, en el Ayuntamiento de Ourense, para solucionar las deficiencias del proyecto inicial que data del año 2008. Así, Ángeles Vázquez explicó que todos los incidentes detectados están derivados por la entrada de agua.

De hecho, el Gobierno gallego lleva invertidos alrededor de 200.000 euros, de los cuales más de 50.000 euros ya se destinaron a diversas actuaciones de mejora y acondicionamiento, como, por ejemplo, la protección con metacrilato de las fachadas de los lavaderos-tendales, la mejora de la seguridad en las puertas de entrada o el cambio de instalación de los interfonos y de los detectores de presencia en los corredores, ya que no eran estancos.

A mayores, a finales de enero, la Xunta licitó el contrato para acometer más obras de reparación y mantenimiento necesarias en el edificio por más de 145.000 euros.