La conselleira do Mar, Rosa Quintana, defendió hoy la necesidad de crear un frente común fuerte a nivel europeo contra las pretensiones de Bruselas de restringir en los próximos años determinadas artes de pesca en aguas comunitarias como el arrastre y evitar así los efectos perniciosos que pueden tener en la flota decisiones arbitrarias e injustificadas como el veto a la pesca de fondo aprobado el año pasado. En esta línea, destacó que España debe hacer una intensa labor en la búsqueda de aliados en otros países con intereses pesqueros para tratar de frenar la posible puesta en marcha de normativas por parte de la Comisión Europea con las que ejecutar sus planes.

La titular de Mar explicó que esta es la posición de Galicia, que fue analizada en el pleno del  Consello Galego de Pesca, ante el plan de acción presentado por el Ejecutivo comunitario a finales de febrero y que pretende vetar la pesca de fondo con artes móviles -como el arrastre- en las áreas marinas protegidas antes de 2030.

En este sentido, la representante del Ejecutivo gallego destacó que cualquier medida de este calado debe contar con los correspondientes informes biológicos y socioeconómicos de impacto para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos y también de los pescadores.

Precisamente, el Consello Galego de Pesca analizó una nota jurídica elaborada por la Fundación MarInnLeg que indica que las comunicaciones emitidas por Bruselas el pasado 21 de febrero para mejorar la sostenibilidad y la resiliencia del sector de la pesca y acuicultura -con consideraciones sobre la Política Pesquería Común, la descarbonización o prácticas de pesca sostenibles- no tienen rango normativo, por lo que aún tendrán que plasmarse en un desarrollo legislativo posterior.

No obstante, subrayó Rosa Quintana, el estudio preliminar elaborado sobre esas directrices lanzadas por el Ejecutivo comunitario indica que cuentan con numerosos defectos como que no se puede considerar que la eliminación de artes como el arrastre en las áreas marinas protegidas sea gradual cuando se establece que tiene que ser, a más tardar, en 2030 y con ciertas restricciones ya desde 2024.

Los juristas de la Fundación MarInnLeg advierten de que parece que en estas propuestas no se tuvo en cuenta que las inversiones en buques de pesca son cuantiosas y que sus amortizaciones requieren de plazos amplios, por lo que estas limitaciones inminentes suponen un importante perjuicio para las empresas del sector.

La conselleira lamentó también medidas sin sentido como que Bruselas proponga la descarbonización de la flota buscando medios de propulsión alternativos a los combustibles fósiles, pero no ofrezca apoyos financieros adicionales a los ordinarios para proceder a la transformación y adaptaciones de los buques, una manera de actuar que calificó de poco serio.

A mayores, incidió que de las comunicaciones emitidas por la Comisión Europea se concluye que no ha previsto modificar la Política Pesquera Común a pesar de que hay múltiples retos que sería necesario abordar -como el relevo generacional, el deber de desembarque o la igualdad de condiciones entre las distintas flotas, entre otras cuestiones- y a las que Galicia entiende que la política actual no da respuesta.

Eólica marina

El pleno del Consello Galego de Pesca también analizó los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) presentados la semana pasada por el Gobierno central para el desarrollo de la eólica marina. En este sentido, la titular de Mar lamentó que esta planificación careciera en su diseño del necesario diálogo con las comunidades autónomas y con los sectores implicados y que no garantice convenientemente la compatibilidad de la implantación de esta industria con la actividad pesquera y la preservación del ecosistema.

Rosa Quintana subrayó que el Gobierno central tiene en Galicia un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas pues ya cuando se comenzó a hablar de la planificación de esta actividad en el mar se constituyó el Observatorio da Eólica Mariña, donde están representados el sector pesquero, la industria energética y la Administración para llegar a consensos.

En esta línea, incidió en la necesidad de corregir los defectos con las que nacieron los POEM, pues generan inseguridad e incertidumbres y no garantizan suficientemente la compatibilidad entre el desarrollo eólico y la actividad marítimo-pesquera.