La secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, participó hoy mesa en una mesa redonda sobre trata: A escravitude silenciada, celebrada en la Facultade de Psicoloxía de la Universidade de Santiago, en la que puso de relieve el papel referente de Galicia en esta lucha, que ejemplificó en dos compromisos: el I Plan Galego contra a Trata 2022-2024 que sitúa a Galicia entre las comunidades punta de lanza que trabajan contra esta problemática; y la equiparación, tanto de las víctimas de trata, como de las de explotación sexual -estas últimas desde este año- con las de la violencia de género a efectos de acceder a recursos y ayudas económicas.

López Abella subrayó, así, que Galicia es una de las cuatro comunidades autónomas, junto con Andalucía, Islas Baleares, y Madrid en disponer de un plan vigente contra la trata. “El I Plan Galego contra a Trata es un documento estratégico, elaborado mediante un proceso participativo y que articula medidas y políticas para dar una respuesta integral y coordinada a estas mujeres”, reflejó la secretaria general.  

Doce organizaciones -Accem, Cáritas Diocesana de Ourense, Santiago y Lugo, Cruz Roja, Ecos do Sur, Amaranta, Asociación Faraxa, Hermanas Oblatas do Santísimo Redentor de Ferrol, Aliad Ultreia, Médicos do Mundo y Fiet Gratia- colaboraron en la confección del plan, subrayó López Abella, quien indicó que recoge la respuesta “integral y coordinada que la comunidad brinda a las víctimas de trata, principalmente mujeres y niñas”.

Galicia ya era referente en la elaboración de un instrumento específico de actuación en el ámbito de trata con fines de explotación sexual con la aprobación, en el año 2010, del Protocolo de actuación institucional sobre a adaptación de medidas de prevención, investigación e tratamento ás mulleres vítimas de trata con fins de explotación sexual, en colaboración con la Fiscalía Superior.

El I Plan Galego contra a Trata diseñado para el período 2022-2024 viene a reforzar ese compromiso, con una inversión de 7 millones de euros para luchar contra esta forma de explotación y fortalecer los recursos transversales de atención integral de las víctimas.

López Abella quiso subrayar que, aunque la comunidad ya reconocía desde el año 2016 la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual como violencia de género, “como novedad, desde este 2023, se incluirá también como víctimas de violencia de género a las de explotación sexual, que también podrán acceder a las prestaciones económicas que les reconoce Galicia”. De este modo, remarcó, podrán acceder a la ayuda económica mensual y a los recursos de apoyo jurídico, psicológico, social y a la inserción laboral, entre otros.

Por último, la representante de la Xunta reclamó que el Estado iguale el compromiso gallego y articule con urgencia una ley orgánica para la lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, una medida recogida en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, refrendado por todas las comunidades autónomas y que, tal y como reclamó López Abella, aun no vio la luz.

“El texto debe establecer medidas para su prevención, promover la eliminación de publicidad de contenido sexual y poner en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las víctimas”, indicó.