La Xunta de Galicia destinará este año 8,4 millones de euros a ayudas para la construcción de viviendas para alquiler social en edificios energéticamente eficientes, un programa novedoso financiado con fondos europeos del Next Generation y que hoy se convoca por primera vez. La mitad de estos fondos irá destinada a ayuntamientos y el resto, a promotores privados que construyan viviendas en terrenos de titularidad pública, aunque en caso de que la demanda supere los fondos previstos en la convocatoria, podrán ampliarse hasta duplicar la cuantía inicial.

Las viviendas resultantes deberán destinarse a alquiler durante un período mínimo de 50 años y las rentas estarán limitadas, no pudiendo superar en el momento de la formalización del contrato el precio de renta por metro cuadrado de las viviendas protegidas de protección autonómica de régimen general que corresponda a la zona geográfica en la que esté localizada. A tal efecto, las viviendas ubicadas en municipios de precio máximo superior —es decir, las 7 ciudades gallegas— tendrán los mismos límites de renta que las localizadas en la zona 1.

En el caso de viviendas promovidas por empresas privadas, estas pasarán a ser de titularidad pública una vez que finalice el período de concesión del suelo. Además, deberán suponer un incremento del parque público destinado a vivienda en alquiler.

Las subvenciones podrán aplicarse tanto a viviendas de nueva construcción como a la rehabilitación de edificios con un uso distinto al residencial y que se vayan a destinar a alquiler social. Las solicitudes podrán presentarse a partir de mañana y el plazo permanecerá abierto hasta el próximo 6 de octubre.

Las viviendas resultantes se adjudicarán a personas que vayan a tener su domicilio habitual y permanente en ellas, que estén inscritas en el Registro de Demandantes de Galicia para el acceso a las viviendas protegidas de régimen general y cuyos ingresos familiares no excedan de 4,5 veces el Indicador público de renta de efectos múltiples en 14 pagas —24.318,84 €—.

Además, los inmuebles deberá cumplir los requisitos de eficiencia energética que se establecen en la propia convocatoria y que supondrán la reducción de su consumo.

En cuanto a la cuantía de las ayudas, los promotores públicos y privados podrán optar a 700 euros por metro cuadrado, con un límite máximo de 50.000 euros por cada vivienda.

Por último, hace falta subrayar que pueden solicitar estas ayudas tanto los ayuntamientos como las empresas privadas que lo deseen, pero es requisito imprescindible que los terrenos sobre los que se construyan las viviendas sean de titularidad pública, y que se cumpla el resto de los requisitos establecidos en la propia convocatoria.