El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó hoy que el Gobierno gallego está analizando las 84 alegaciones recibidas durante el período de información pública del anteproyecto de la Ley de ordenación del litoral de Galicia con el fin de estudiar su contenido y valorar la incorporación de aquellas ideas y sugerencias que contribuyan a enriquecer el documento. Rueda resaltó que el gran número de aportaciones recibidas muestra “el interés” que está generando esta normativa “que será aprobada por el Consello y remitida al Parlamento antes del final de esta primavera”.

Hace falta recordar que el pasado 15 de diciembre el Gobierno gallego acordó iniciar la tramitación de la Ley de ordenación del litoral, una norma que convertirá a Galicia en la primera comunidad en regular el litoral en toda su extensión y con la que se busca garantizar el autogobierno pleno sobre la franja costera y la preservación de sus valores, paisajes y ecosistemas en equilibrio con la realidad socioeconómica de estos espacios.

Como primer paso, la Xunta sometió el anteproyecto legislativo a información pública y al trámite de audiencia durante un mes, período que finalizó el pasado 20 de enero con un balance de un total de 84 alegatos presentados y una amplia participación.

De un primero análisis de estas aportaciones, según el informe analizado hoy en el Consejo, Rueda resaltó que hay un consenso generalizado” sobre que es “necesario dotar a Galicia de una ley adaptada a la realidad de nuestro territorio”.

En concreto, según el informe hoy evaluado en el Consello, el anteproyecto de la Ley de ordenación del litoral recibió sugerencias y aportaciones por parte de la Federación Gallega de Municipios y Provincias y de ayuntamientos costeros; de organismos de la Administración estatal; de las tres universidades gallegas; de la Confederación de Empresarios de Galicia, del Colegio de Arquitectos y de federaciones deportivas, así como de entidades ambientales y ciudadanos particulares.

Asimismo, también se registró una notable participación por parte de los agentes del sector marítimo-pesquero —como cofradías de pescadores y asociaciones empresariales de la cadena mar-industria— que por su tradicional vinculación con la costa coinciden en señalar la necesidad de una ley hecha en clave gallega y que ofrezca seguridad jurídica para favorecer las inversiones y el desarrollo económico de la franja litoral.

El presidente, que agradeció todos los alegatos recibidos, resaltó durante la rueda de prensa algunas de las aportaciones. En esta línea, informó de que el secretario de Estado de Medio Ambiente “no alude en ningún momento al articulado de la ley” en sus alegaciones y que la Demarcación de Costas del Estado "no presentó ninguna”.

Además, Rueda subrayó que tanto la Fegamp como la mayoría de ayuntamientos que participaron en este proceso “no ponen en entredicho las competencias autonómicas” en la gestión del litoral; que el sector marítimo-pesquero “insta al Estado a que deje legislar a Galicia” y demandan mayor protagonismo de sus actividades en el texto; que las entidades empresariales consideran “necesario y urgente” que la futura ley gallega “acerque una seguridad jurídica que no da la normativa estatal”, o que los representantes de entidades deportivas reclaman que se contemple la importancia de este tipo de actividades y la potenciación “del turismo náutico” en la Comunidad.

En paralelo a la información pública, la Xunta y el Observatorio del litoral de Galicia —que colaboró en la redacción del anteproyecto— abrieron en las últimas semanas una ronda de contactos para dar a conocer el texto entre los principales agentes implicados en el litoral y animarlos a hacer aportaciones. Así, se mantuvieron encuentros con profesores y expertos de las tres universidades, representantes de una treintena de ayuntamientos costeros, empresarios de la cadena mar-industria y la Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural de Galicia.

Tramitación ágil y eficaz

Hace falta recordar que desde que a mediados del pasado septiembre se decidió impulsar la primera Ley de ordenación del litoral de Galicia, la Xunta trabajó con la máxima agilidad, compromiso y eficacia para poder contar con un texto articulado en apenas tres meses e implicando a la vez en el proceso los principales agentes que intervienen sobre la costa con el fin de lograr una norma para todos los gallegos y el más consensuada posible.

De hecho, la ley generó desde lel principio un grand interés como demuestra que ya en la fase de consulta pública previa —de 16 de septiembre a 17 de octubre — se recibieron 81 aportaciones e ideas por parte de ayuntamientos, particulares, asociaciones y otras entidades.

Para seguir avanzando en la tramitación de la Lolga en el menor tiempo posible, esta semana la Consellería de Medio Ambiente ya se dirigió a los departamentos autonómicos correspondientes para requerirles los informes preceptivos sobre la ley y la finales de febrero pedirá a la Asesoría Jurídica General y al Consejo Económico y Social que se pronuncien sobre ella.

A continuación, la norma se volverá a elevar al Consello da Xunta para su aprobación como proyecto de ley en primavera, último paso antes de su remisión al Parlamento, donde se buscará llegar a acuerdos con todos los grupos de la Cámara debido a la trascendencia que tiene para una comunidad con 2.500 km de costa. Además, segundo anunció Rueda, “la Xunta convocará en marzo a expertos en el litoral de otras comunidades para analizar la ley”.