El Consello da Xunta analizó hoy los pasos a dar por la comunidad autónoma para acompañar al sector pesquero gallego en su recurso contra el veto a la pesca de fondo decretado por Bruselas en 87 zonas de aguas comunitarias y constató la necesidad de recurrir a juristas especializados en derecho comunitario para que sus demandas ante la Justicia europea tengan más posibilidades de prosperar.   

El Ejecutivo gallego -que actuará como parte coadyuvante en el recurso presentado por la Organización de Productores Pesqueros de Burela (OPP-7)- defiende tanto la suspensión temporal de la aplicación de esta prohibición como su anulación definitiva, por lo que decidió contratar un servicio jurídico especializado para reforzar y apuntalar su estrategia y la de la propia OPP con el fin de conseguir los mejores resultados posibles.

El plazo para que la comunidad pueda ejercer su potestad de actuar como parte coadyuvante será de seis semanas una vez que el recurso de la flota falda publicado, para información pública, en el Diario Oficial de la Unión Europea. A partir de ese momento será fundamental actuar con celeridad y con una estrategia bien definida, por lo que se hace necesario recurrir a profesionales con experiencia en la materia y familiarizados con los procedimientos que rigen en las acciones ante los tribunales europeos.

La Xunta ejercerá así la mejor defensa posible de sus intereses pilotando una acción que la Asesoría Jurídica General no puede ejercer por sí sola al precisar de medios destacados ante los tribunales europeos. La mediación de juristas especializados en este ámbito permitirá acercar los argumentos idóneos y articular mejor la estrategia de defensa contra una decisión totalmente desproporcionada, sin consulta previa y carente de informes científicos y socioeconómicos que la avalen.

La acción jurídica de urgencia del Ejecutivo gallego acompañando al sector -que ejercerá el bufete J&A Garrigues por importe de algo más de 90.000 euros- pretende poner fin a un veto que afecta a alrededor de 200 buques gallegos de manera directa bien porque no pueden faenar en las zonas vedadas bien por el solapamiento de áreas de pesca, es decir, por la concentración en el mismo espacio de las embarcaciones que venían faenando tradicionalmente allí junto con las expulsadas de las zonas restringidas.

La aplicación de esta medida está provocando la conversión de embarcaciones de palangre de fondo -una de las artes más selectivas y la más afectada por el veto- a la volanta con el objetivo de eludir la prohibición y poder faenar con relativa normalidad. Esa práctica, junto a otros factores ajenos, motivó que desde la entrada en vigor de la prohibición -el pasado 9 de octubre- las capturas y la facturación de la flota gallega que faena en el Gran Sol tuvieran un comportamiento estable pero con una distorsión de la oferta habitual.

En este sentido, a largo plazo puede suponer importantes perjuicios tanto por una posible insuficiencia de las cuotas de pesca de las principales especies - la volanta es más intensiva en el consumo de las posibilidades de captura que el palangre- como por una probable caída de la oferta de uno de los productos más reconocidos y valorados de las lonjas gallegas como es la merluza del pincho.