La Xunta reunió hoy en Santiago a alrededor de una treintena de alcaldes, concejales y técnicos municipales de ayuntamientos costeros de toda la Comunidad con el fin de presentarles el anteproyecto de la Ley de ordenación del litoral de Galicia (Lolga) y resolver las posibles dudas o cuestiones que puedan tener al respeto de su aplicación práctica y de las repercusiones para sus respectivos municipios.

Acompañada por la secretaria general Técnica, Carmen Bouso, y la catedrática de la Universidade da Coruña y miembro del Observatorio del Litoral de Galicia, Marta García, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, subrayó la importancia y el impacto positivo de la futura norma para los 82 ayuntamientos costeros gallegos, ya que será la primera con la que contará la Comunidad con el fin de regular los usos y actividades a lo largo de sus más de 2.000 km de costa.

Tras recordar que desde lo primero momento la Xunta fue de la mano de las entidades locales en el impulso y en la redacción de esta ley, la responsable autonómica indicó que “son los ayuntamientos los que muchas veces sufren las consecuencias de las interpretaciones tan restrictivas que en los últimos años” estaba haciendo Costas del Estado sobre las actividades que podía albergar esta franja, bloqueando mismo el desarrollo de nuevos proyectos o posibles cambios de uso de construcciones localizadas en dominio público.

Al respeto, explicó que la ley impulsada por la Xunta pretende acabar con esta inseguridad jurídica que afecta a los titulares de concesiones sobre instalaciones localizadas en la franja costera a través de una definición clara y adaptada a las singularidades de Galicia de los usos y actividades que se permiten, destacando aquellos considerados estratégicos para el desarrollo socioeconómico del litoral.

A modo de ejemplo, Ángeles Vázquez se refirió a una reciente sentencia relacionada con la concesión de una licencia municipal en Camariñas para rehabilitar una vivienda en la zona de tránsito y servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre y reconvertirla en casa de huéspedes.

Segundo explicó, la decisión del Ayuntamiento fue recurrida por el Gobierno central pero la finales del año pasado la Justicia le dio la razón tanto al Gobierno local cómo a la Xunta, que también se personó en el procedimiento para defender el criterio interpretativo aplicado para otorgar la licencia. “El que pretendemos es que los técnicos municipales tengan seguridad a la hora de informar cualquier proyecto”, resumió Ángeles Vázquez.

Precisamente y teniendo en cuenta el papel clave que tendrán los ayuntamientos en la aplicación práctica de la futura ley, la conselleira animó a los responsables municipales a enriquecer con sus aportaciones el anteproyecto —en trámite de información pública hasta el 20 de enero— ya que con su impulso lo que busca la Xunta es clarificar y facilitar también el ejercicio de las competencias de los ayuntamientos en la franja costera.

En esta línea, recordó que son ellos los que elaboran, aprueban y gestionan los instrumentos de ordenación urbanística y también se encargan del diseño y ejecución de ciertas actuaciones consideradas estratégicas en la futura ley, como pueden ser las sendas litorales o la concesión de licencias para rehabilitar y destinar a uso turístico edificaciones preexistentes y que por su valor histórico o arquitectónico merezcan ser preservadas.

Asimismo, incidió en que esta norma fue concebida “para todos los gallegos y gallegas” con el fin de promover una ordenación de la costa acorde con la realidad de la Comunidad y que combine la protección medioambiental, el desarrollo económico y el respeto de un modo de vida históricamente ligado al mar. En este sentido, aseguró en que la nueva Ley de ordenación del litoral “no va contra nadie”, sino que defiende los intereses de Galicia desde “la plena capacidad para legislar y regular la franja costera” de la Xunta. “Es una ley que no se extralimita. Tiene aval constitucional y estatutario y se centra únicamente en las competencias que nos otorga el Estatuto de Autonomía”, declaró.