El director general de Justicia, José Tronchoni, participó hoy por videoconferencia en la reunión con representantes de los letrados de Administración de Justicia para constituir una Comisión Mixta entre la Xunta y estos profesionales con el objetivo de abordar el funcionamiento, estructura y personal al servicio de la Administración de Justicia.

Por eso, en el encuentro de hoy se acordó aprobar la creación de un grupo de trabajo mixto y completo que también estudiará los cambios normativos que impliquen modificaciones en las oficinas judiciales, cuestiones tecnológicas y otros asuntos que requieran la unificación de criterios de actuación. Así, se presentó el convenio rector de la comisión que fue trasladado los asistentes para hacer sus aportacións e incorporarlas en la siguiente reunión.

En la reunión participaron el secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Juan José Martín; representantes de los servicios de modernización y de coordinación técnico-administrativa de la Dirección General de Justicia de la Xunta; y los secretarios/las coordinadores de las cuatro provincias. En representación de los letrados de Administración de justicia (LAX) asistieron la delegada territorial de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), Estefanía Ave; el delegado territorial del Colegio Nacional de LAX, José Luis Roig Valdivieso; Carmen Adellach Pascual, LAX del Decanato de Vigo y Carmen Calvo Alonso, LAX del Juzgado de Primera Instancia nº9 de A Coruña.

En este encuentro se trataron también los cambios organizativos que implicará en la estructura organizativa de los juzgados y tribunales a Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que prevé aprobar el Gobierno central y que la Xunta en varias reuniones de la Comisión Mixta de Justicia entre el Ejecutivo estatal y las comunidades autónomas ya ha mostrado su rechazo. En concreto,  a los modelos de referencia propuestos para las nuevas oficinas judiciales al considerar que no se adaptan a las características de los órganos judiciales de la comunidad gallega.

De hecho, el director general de Justicia ha manifestado en varias ocasiones a dificultad de la comarcalización de las oficinas en Galicia debido a la dispersión y el envejecimiento de la población y también reclamó al Gobierno central que tanto los letrados de Administración de Justicia como las organizaciones sindicales puedan participar en el debate y en las negociaciones sobre el cambio de modelo con el objetivo de conseguir un acuerdo con el máximo consenso.

Hace falta recordar que la nueva ley prevé transformar los juzgados en tribunales de instancia, esto es, pasar de órganos unipersonales dotados de personal y medios propios a jueces y magistrados integrados en una o varias secciones. En el caso de los letrados de la Administración de Justicia se integrarían junto con el personal funcionario en las diferentes unidades de la nueva oficina judicial asumiendo las tareas que recoja la legislación aprobada.

Por otra parte, los juzgados de paz se transformarían en oficinas de justicia municipales comarcalizadas y sin juez de paz cubriendo las funciones requeridas por funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Y en el que se refiere a las oficinas generales de los registros civiles al no preverse que formen parte de las oficinas judiciales, las relaciones de puestos de trabajo (RPTS) de cada una de ellas se detraerían de los órganos judiciales en competencias en registro civil.

En esta línea, la Xunta también ha manifestado que en los modelos de referencia de las nuevas oficinas judiciales no se aclara cuál será la situación definitiva de su personal, ni sus funciones y estructura dejando todo abierto a la negociación de la relación de los puestos de trabajo (RPTS) con las organizaciones sindicales. Además, omite supuestos como los funcionarios de guardia o los juzgados de violencia sobre la mujer y tampoco queda definido el encaje de los registros civiles con la oficina judicial transformando los actuales juzgados de paz.