Santiago de Compostela, 11 de julio de 2024

La Sociedad Gallega de Medio Ambiente (Sogama) atribuyó hoy la propuesta de actualización del canon correspondiente a 2024 que pagan los 295 ayuntamientos a los que presta servicio por la gestión de sus residuos a las recientes decisiones adoptadas por el Gobierno central en el último año y medio.

Así lo explicó el presidente de Sogama, Javier Domínguez, durante su comparecencia a petición propia en la Comisión 2ª del Parlamento para hablar de la situación de las cuentas de la empresa pública y de la revisión del canon prevista para este año, destacando que, incluso una vez aplicada esa revisión, el importe que pagarán las entidades locales en 2024 seguirá siendo lo más barato de Galicia y mismo del conjunto de España.

El máximo responsable de la entidad subrayó que solo el nuevo impuesto al vertido y a la incineración se tradujo para la entidad pública empresarial en un desembolso de 9,1 millones de euros en 2023. De hecho, recordó que Galicia fue una de las comunidades que durante la tramitación de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular alegó, sin éxito, en contra de la creación de este nuevo gravamen.

A esta cuantía, según explicó, hubo que añadir también el hecho de que en julio del año pasado el Gobierno central eliminó la retribución que venía percibiendo Sogama por la inversión realizada en su planta termoeléctrica "una instalación de última generación y con tecnología en la que prima la eficiencia y la sostenibilidad", y otras medidas que tuvieron un impacto en las cuentas de la empresa "que cifró en 18 millones de euros las pérdidas de 2023" como la recuperación del impuesto estatal del valor de la energía eléctrica o la merma de la retribución de la planta de cogeneración de Cerceda.

En este sentido, Domínguez lamentó que el Ejecutivo central apueste por introducir este tipo de impuestos cuando hay países, como Suecia, que decidieron eliminar gravámenes similares por no cumplir los objetivos para los que estaban diseñados.

En este sentido, tal y como figuraba en los alegatos presentados por la Xunta a la ley estatal, incidió en que la penalización a todos los ayuntamientos y ciudadanos por igual, "no es la vía" para conseguir los objetivos de reducción, reutilización y reciclaje que marca la UE, sino que debe trabajarse en medidas en positivo con el incentivo de lograr una mayor colaboración e implicación de la población. 

Asimismo, Domínguez lamentó también que el Estado no había tenido en cuenta las particularidades de cada territorio, ya que, gracias a la valorización energética, la tasa de vertido en Galicia "es muy inferior al promedio español", situada entre el 50% y el 54%.

Por último, el presidente de Sogama defendió la gestión de la empresa pública, que obtuvo beneficios hasta el año 2022 que le permitieron realizar inversiones por un importe de más de 100 millones de euros que contribuyeron a afianzar la posición de la planta gallega entre las más eficientes y modernas de Europa, o la bonificación aplicada desde 2019 en el importe del canon la aquellos ayuntamientos que cumplían una serie de requisitos y que supusieron un ahorro para las entidades municipales y el vecindario de más de 20 millones.