Santiago de Compostela, 9 de julio de 2024

El conselleiro de la Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, defendió hoy en el Parlamento de Galicia la anticipación y previsión del Gobierno gallego en relación a la regulación de las viviendas de uso turístico con un decreto "pionero" que permitió regular, desde su entrada en vigor en el año 2017, más de 24.000 alojamientos de este tipo en la comunidad autónoma.

Lo hizo durante una interpelación parlamentaria en la que puso en valor, además, el éxito del modelo turístico impulsado por la Xunta de Galicia, avalado por "resultados espectaculares". "Más de siete millones de visitantes llegaron a Galicia en 2023, con 13,3 millones de pernoctaciones y se consiguieron los mejores niveles de rentabilidad hotelera de la historia, con un crecimiento de más del 6 % en relación al año 2022 y del 27 % en relación a antes de la pandemia", manifestó.

Diego Calvo señaló que los gallegos respaldan este modelo y lamentó que discursos basados en la premisa de la "turismofobia" pongan en peligro un sector en el que están ocupadas cerca de 130.000 personas.

Un texto legal dialogado

Al respeto del fenómeno de las viviendas de uso turístico, recordó que el Gobierno autonómico gallego fue pionero en la puesta en marcha de un decreto para regular esta modalidad de alojamiento. Un texto legal que fue redactado en "diálogo tanto con el sector hotelero, como con las entidades locales". Reivindicó, además, la validez de la norma, avalada dos veces por la justicia, que da seguridad jurídica a propietarios, usuarios y sector turístico.

El conselleiro de la Presidencia rechazó que se aborde esta cuestión apelando a "falsos" datos e interpretaciones erróneas y enmarcó el debate del ordenamiento de las viviendas de uso turístico "en un fenómeno global". En este sentido, admitió que el denominado "fenómeno de las VUT", creció de una forma significativa en los últimos años, "pero de ninguna forma podemos aceptar que sin control y reglamento".

Tal y como manifestó Calvo, "la normativa autonómica funciona". Su registro se actualiza de manera constante mes a mes, incorporándose a la oferta de alojamiento de la comunidad como una modalidad complementaria y no excluyente al resto de tipologías. "De hecho, sus plazas no están activas siempre, ya que pueden compatibilizar, si así lo desean los propietarios, su uso residencial con el turístico", abundó el conselleiro.

Competencias locales

Junto a esto, Calvo indicó que el decreto especifica claramente que las entidades locales tienen potestad para regular este tipo de viviendas según sus competencias desde la puesta entrada en vigor del decreto y lamentó que resulte más fácil la algunos consistorios municipales "echarle la culpa a la Xunta de Galicia" de un supuesto "descontrol premeditado" al respeto de su regulación y de falta de medidas de ordenamiento.

El conselleiro lamentó, particularmente, que el Ayuntamiento de Santiago de Compostela prometiese a las familias con VUTs "su regularización" y que, ahora, "pretenda ilegalizarlas todas, excepto con un período de barra libre de dos meses". Hazlo con una ordenanza que está tramitando y que permite el alquiler como VUTs durante 60 días al año mientras los propietarios la tengan como residencia habitual durante 183 días anuales.

A su juicio, esta medida potenciará el alquiler temporal y no los permanentes. Sin embargo, según aseguró el conselleiro, "la colaboración de la Xunta con el Ayuntamiento de Santiago, como con todos los ayuntamientos gallegos, es total en la regulación de las VUTs".

Finalmente, Calvo reflexionó al respecto de que "mientras comunidades autónomas como Galicia fuimos pioneras en dar un marco legal a la realidad de las VUTs, el Gobierno estatal tardó seis años en reaccionar". "Lo hace ahora de manera descoordinada y sin diálogo con las comunidades autónomas, competentes en la materia", aseveró. Y lamentó que Galicia no fuera convocada a la reunión promovida hace unos días por el Ejecutivo central, ni por parte de Vivienda ni por la de Turismo, para abordar esta cuestión lamentando, además, que se "aliente" a su prohibición por parte de los ayuntamientos.