Santiago de Compostela, 4 de julio de 2024

El director xeral de Xustiza, José Tronchoni, participó hoy en la inauguración X Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero e IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penitenciario Económico y de la Empresa, que puso como ejemplo de espacio de debate jurídico internacional consolidado con juristas de reconocido prestigio con el objetivo de dar respuesta a la elevada demanda social, económica y científica sobre el blanqueo de dinero, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y el fraude fiscal.

José Tronchoni incidió en la necesidad de que todo tipo de profesionales adquieran los conocimientos precisos para la prevención del blanqueo y precisamente este congreso va destinado a profesionales del derecho y de la abogacía, economistas, asesores fiscales y directivos de empresas para que actualicen sus conocimientos sobre el blanqueo en la UE, su incidente en el mundo digital y la internacionalización del derecho penal. Así, señaló que la Xunta apuesta por la formación en ámbitos como este porque "el conocimiento es la mejor prevención ante cualquier riesgo".

En esta línea, recordó que la lucha contra el blanqueo de capitales está presente en la agenda política de la UE porque afecta a la estabilidad económica y política de los estados y a la seguridad internacional, por lo que se precisa de actualización para adaptarse a riesgos emergentes como las monedas virtuales y otras innovaciones tecnológicas o la globalización de las organizaciones terroristas, que además aprovechan las deficiencias del sistema.

Por eso, incidió en la importancia de este congreso para abordar procedimientos y buenas prácticas que contribuyan a identificar y clarificar los riesgos operativos y legales y fijar mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción con los que empresas, instituciones y organizaciones puedan protegerse ante situaciones de riesgo.

En su intervención, el director xeral de Xustiza también puso en valor el trabajo del Gobierno gallego para adaptar la justicia al siglo XXI debido a la constante actualización de la normativa y a los continuos avances tecnológicos. Entre las medidas llevadas a cabo en los últimos años destacan la puesta en marcha de nuevas unidades judiciales, una importante inversión de más de 125 millones de euros en la creación y mejora de las infraestructuras judiciales de la comunidad y 43 millones del actual Plan Senda para avanzar en la digitalización.