Santiago de Compostela, 26 de junio de 2024

"La transferencia de la AP-9 a Galicia es, sobre todo, una cuestión de voluntad política". Así lo reivindicó hoy en su intervención en el Parlamento gallego la conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, quien reclamó"transparencia" al Gobierno central sobre sobre su postura con respeto al traspaso y subrayó que la Xunta "no va a seguir tolerando el teatro y las promesas vacías" y que el Gobierno central "siga haciendo de menos a Galicia; siga sin atender nuestras justas demandas y siga sin cumplir los compromisos adquiridos".

La conselleira hizo hincapié en que frente "al gobierno de la arbitrariedad, que no tiene ningún interés en abordar la transferencia de la AP-9 y quiere que nos conformemos con las bonificaciones", la posición del Gobierno gallego respeto de la transferencia "no varió ni un ápice y seguiremos reclamando lo que es de justicia para Galicia".

Subrayó que la transferencia de la AP-9 es "una legítima demanda que choca no solo con la negativa del Gobierno de España, sino con la incongruencia en el comportamiento del Grupo Socialista, que apoya la demanda en esta Cámara pero se abstiene en Madrid".

En este sentido, la conselleira calificó de "dantesco" el reciente baile de cifras ofrecido por el ministro de Transportes Óscar Puente, a quién acusó de hacer "teatro" en sus visitas a Galicia y de "mezclar lo cueste de la transferencia con el del rescate, con el pagado de los peajes y lanzar jarras de agua fría sobre nuestro derecho a conseguir una AP-9 gallega, dejando a los pies de los caballos al señor Besteiro y sus promesas de liberar el peaje". "No hay derecho -dijo- a despachar una reclamación que llevamos haciendo desde hace catorce años con una frase y una cifra poco menos que sacada de la manga".

Allegue recordó que mientras el Gobierno central abre la puerta a liberar peajes en otras comunidades, "para Galicia hay titulares y promesas vacías". "Estamos hablando -añadió- del mas grande agravio comparativo que estamos sufriendo y que lastra nuestra economía y la nuestras posibilidades de competir con otros territorios. Es suficiente ya de dejadez y de excusas y de tratar a los gallegos cómo ciudadanos de segunda".

De este modo, exigió en su intervención al Gobierno central a elaboración de uno "estudio serio y riguroso del coste real, tanto de la transferencia de la titularidad como de la gestión, así como del rescate de la concesión". Reclamó asimismo que en ese estudio se analicen los términos y condiciones de la concesión de Audasa, "que llevamos tiempo denunciando cómo ventajosas y económicamente lesivas para los intereses de los gallegos". Asimismo, calificó también de "lamentable" la falta de información "fiable" sobre la respuesta a la Comisión Europea sobre la última prórroga de la AP-9, afirmando que "toda la información de la que dispone el Gobierno gallego ven de los medios de comunicación".

Estudio de la Xunta

Sin embargo, la Xunta ya encargó su propio estudio, "aunque sea con la poca información de que disponemos, porque lo que tenemos claro es que no podemos confiar en un gobierno que, sin datos y sin sentarse siquiera a hablar, ya descarta la posibilidad de conseguir esta transferencia".

Además de "no ceder en el empeño por conseguir una AP-9 gallega", acompañada "tanto de los recursos necesarios para su correcta explotación, como de las inversiones precisas para llevar a cabo las obras pendientes", la conselleira recalcó que la Xunta seguirá exigiendo que se cumplan los compromisos adquiridos tanto PSOE como el BNG "que prometieron implantar la gratuidad de los peajes de las autopistas estatales AP-9 y AP-53". También reivindicará la liberación del peaje de la AP-53, de forma que se iguale el recorrido Santiago-Lalín con el trecho Lalín-Ourense qué la Xunta mantiene gratuito.