Santiago de Compostela, 26 de junio de 2024

El conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, definió hoy en el Parlamento gallego el servicio de asistencia jurídica gratuita en Galicia, como "eficaz,  pionero y un referente en el resto de España". Tanto por la inversión realizada desde 2010 con más de 167 millones de euros -14,2 millones en este ejercicio- y con una subida media anual del 3,58% cómo en la actualización de los baremos a través de los convenios con el Consejo de la Abogacía Gallega y el Consejo Gallego de Procuradores.

Ya el último acuerdo supuso una subida del 15% en el período 2021-2024 y actualmente se están negociando nuevas mejoras con nuevos conceptos y agilizando aun más los pagos, cuando Galicia ya se sitúa  actualmente con un promedio de 15 y 20 días por encima del tiempo de pago de otras comunidades por los servicios prestados por los profesionales del turno de oficio.

Por eso, frente a la buena salud del sistema del turno de oficio en la comunidad gallega, Diego Calvo señaló que la mayor parte de las recientes demandas de los abogados y procuradores del turno de oficio hacen referencia a la Ley estatal de asistencia jurídica gratuita de 1996 que la Xunta insta a actualizar y la otros textos legislativos también de competencia del Estado.

Gracias a la actualización constante de los baremos de la asistencia jurídica gratuita por parte de la Xunta, Galicia es una de las autonomías con estos índices más elevados y de las más ágiles en su pago.

En el marco del diálogo con los colegios profesionales -incidió el conselleiro de Presidencia- también se aumentaron los conceptos para dar cobertura a las personas insolventes que no han reconocido el servicio de derecho de justicia gratuita o las que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad como las víctimas de violencia sexual o menores de edad. En esta línea, Diego Calvo destacó también que la comunidad gallega es de las pocas que ha incorporado a defensa y representación de personas jurídicas en los procedimientos penitenciarios, así como el acompañamiento inicial a víctimas especialmente vulnerables.

Además, la Xunta viene de proponer cómo nuevos conceptos en el próximo acuerdo con el Consejo de la Abogacía Gallega y el Consejo Gallego de Procuradores el pago de entradas y registros, asistenciales a las prisiones y centros de internamiento de régimen cerrado, o el aumento de las cantidades percibidas en los procedimientos de especial complejidad en la jurisdicción social y civil.

También se prevé en el próximo convenio reconocer otros conceptos autónomos para su cobro como el concurso de acreedores de personas físicas, la liquidación de la sociedad de gananciales previa a la división judicial de la herencia o el procedimiento verbal de impugnación de inventario o de cuaderno particional en los procesos de división judicial de patrimonios. Por lo tanto, la comunidad gallega se convertiría -añadió- en una de las que más pagada por este servicio y por más conceptos.

En su intervención, el conselleiro concluyó que Galicia "garantizador el derecho de toda la ciudadanía a disponer de una asistencia jurídica idónea y que los profesionales de este servicio cobren en tiempo" en el que se refiere a las competencias de la comunidad en este ámbito.