Santiago de Compostela, 13 de mayo de 2024

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó de que el Consello acordó hoy retomar en esta nueva legislatura la tramitación del proyecto de Ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia. "Se aprobó para remitirla ya al Parlamento y el objetivo es que los frutos del aprovechamiento de nuestros recursos naturales reviertan en Galicia", indicó.

El Gobierno gallego ya había aprobado el pasado 21 de diciembre el proyecto de ley, antes de la publicación del decreto de disolución del Parlamento de Galicia y de convocatoria de elecciones, que salió en el Diario Oficial de Galicia de 26 de diciembre. En esta nueva legislatura, cumplía aprobar de nuevo el proyecto de ley, así como su remisión al Parlamento.  

El objetivo es contar con una legislación de referencia en el aprovechamiento de los recursos naturales tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad -velando por que se les asignen usos óptimos y con vocación de perdurar en el tiempo- como  del retorno social -poniendo esta riqueza al servicio de los gallegos-. "Gracias a esta normativa seguiremos avanzando hacia una economía más sostenible y Galicia será un referente en la transición energética", resaltó Rueda.

Durante su tramitación, tras el período de audiencia e información pública, así como de la emisión de los distintos informes, se introdujo una serie de propuestas que mejoran la claridad y precisión del texto con el objetivo de acercar una mayor seguridad jurídica. 

Esta norma busca aprovechar la abundancia de los recursos naturales de Galicia para retener en la Comunidad el beneficio ambiental económico y social de los proyectos que impliquen la producción de energía renovable y las concesiones de aguas y minería. 

Así, una de las principales novedades, tal y como explicó Rueda, consiste en la integración de un estudio de impacto socioeconómico en estos proyectos, independientemente de que precisen de evaluación ambiental, valorando beneficios como "la creación de empleo, la mejora ambiental en el entorno o la reducción del coste energético" a los consumidores locales.

El proyecto también prevé la participación de la Administración en los proyectos mediante sociedades mercantiles privadas; el establecimiento de instrumentos financieros para apoyar las iniciativas, tales cómo préstamos, garantías o incentivos fiscales; la introducción del canon a la eólica marina, cuyos beneficiarios serán los ayuntamientos afectados y el sector pesquero; un fondo con aportaciones públicas y privadas para financiar actuaciones de recuperación de las zonas afectados por incendios; una regulación específica para facilitar el autoconsumo en las áreas empresariales; la creación de un mercado voluntario de créditos de carbono y un plan de valorización integral de residuos con alto potencial de biometanización. Además, facilita el impulso de infraestructuras relacionadas con la movilidad eléctrica. 

Esta normativa ayudará a dinamizar el medio rural, pues la localización de proyectos empresariales de interés común que repercutan de manera positiva en el territorio contribuirá a combatir la despoblación, la degradación de los espacios naturales y permitirá luchar contra los efectos del cambio climático. En definitiva, aumentará la resiliencia del propio medio rural, pero también el de la sociedad en su conjunto, ya que los proyectos facilitarán la dinamización social, no solo por el empleo directo, sino por las compensaciones que se establezcan.