Santiago de Compostela, 24 de abril de 2024

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, defendió hoy en el Parlamento de Galicia las medidas apoyadas por la Xunta para garantizar la protección de las víctimas de violencia de género en las sedes judiciales, tanto con actuaciones de prevención y concienciación como de formación de los profesionales de la Administración de Justicia.

Además, con el objetivo de evitar la confrontación con el agresor tense trabajado en los últimos años en la habilitación de espacios separados. De este modo, ya hay 36 salas específicas destinadas a la atención a las víctimas y salas de espera.

Hace falta añadir que todos los nuevos edificios judiciales, por ejemplo en el que se va a construir en A Estrada, se diseñan con una sala de atención a las víctimas y con circulación reservada para agresores-detenidos. La Xunta también dotó de salas Gesell a las sedes judiciales de las ciudades de A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo, para que testigos menores de edad y las víctimas especialmente vulnerables y protegidas puedan declarar en condiciones de protección y privacidad.

Diego Calvo aprovechó su intervención para recordar la petición que la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) habían realizado a través de la Comisión Mixta de Justicia para extender a todas las ciudades gallegas juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos y excluyentes como los que actualmente funcionan en A Coruña y Vigo. Estos tribunales permitirían ofrecer una atención especializada y precisamente reforzar las infraestructuras de protección para las víctimas existentes en los partidos judiciales.

En esta línea, el Gobierno central confirmó con el decreto publicado el pasado diciembre que, pese a las "promesas en período electoral", Galicia no contará este año con ningún juzgado de violencia sobre la mujer anunciado y comprometido. El Ejecutivo estatal solo dio respuesta a parte de las peticiones realizadas con un juzgado de Primera Instancia en A Coruña y el nombramiento de dos magistrados en las Audiencias provinciales de A Coruña y Pontevedra.

Oficinas de Atención a las Víctimas

Cuanto a las actuaciones a favor de la atención de las víctimas en el ámbito de la Justicia, el conselleiro de Xustiza puso en valor el compromiso para dotar a las Oficinas de Atención a las Víctimas de los medios personales precisos. También cuentan con un protocolo de actuación sobre su funcionamiento con la finalidad de prestar una asistencia integral, coordinada y especializada a las víctimas a consecuencia del delito, con especial hincapié en las víctimas de violencia de género y otras víctimas especialmente vulnerables como los menores de edad o las personas de edad avanzada.  

Este sistema incluye la intervención psicológica en la que los profesionales de la psicología y de trabajo social llevan a cabo una atención individualizada de la víctima con el objetivo de posteriormente aplicar medidas de protección necesarias que minimicen los trastornos psicológicos y proponer otras que garanticen la protección de la víctima durante todo el proceso judicial. 

Por otra parte, en el que se refiere a la formación del personal de la Administración de justicia en materia de violencia de género, la Administración autonómica mantiene varios convenios con el Consejo de la Abogacía Gallega y con el Consejo Gallego de los Procuradores de los Tribunales con la finalidad de ofrecer atención y asistencia especializada.

Protección de la Policía Autonómica

La protección de las víctimas de violencia de género también es una de las competencias que asume la Policía Autonómica.  Así, desde 2016 y en coordinación con la Jefatura Superior de Policía de Galicia se integró el punto de coordinación de las órdenes de protección de Galicia con el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (sistema Vioxén). Un total de 13 agentes de la unidad se dedican en exclusiva a la protección de casi 300 mujeres.

Las funciones que desarrollan los agentes pasan, fundamentalmente, por desplazar medios ante avisos de episodios de violencia, en colaboración con la Policía Nacional; prestar atención singularizada a la víctima, a través de información detallada sobre procedimientos legales; el traslado de las víctimas al centro asistencial cuando hayan sido agredidas, así como a la comisaría para proceder a la denuncia; la recogida de datos sobre lo agresor y puesta en marcha de medidas de seguridad oportunas; y la adopción  de las medidas de protección establecidas en los correspondientes protocolos, teniendo en cuenta el nivel de riesgo de la víctima.

En su intervención, Diego Calvo instó de nuevo al Gobierno central a que complete el plantel de la Policía Autonómica -actualmente se sitúa en menos del 70 % con 349 agentes de los 500 que corresponderían a la comunidad segundo el catálogo de personal- para que puedan asumir estas y otras competencias que se vieron incrementadas en los últimos años al mismo tiempo que mermaba el número de efectivos.