Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2024

El conselleiro del Mar en funciones, Alfonso Villares, reclamó la revisión inmediata de las cuotas pesqueras en aguas comunitarias establecidas para 2024 en el transcurso de su participación esta tarde en el Consello Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios preparatorio de la reunión de los ministros de Agricultura y Pesca de la UE del día 26. En esta próxima cita europea España solicitó la inclusión en la agenda de las consideraciones en relación con el pilar socioeconómico en la gestión pesquera, un punto que se demandó después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TXUE) que, a comienzos del año y con motivo de una cuestión perjudicial formulada por el Tribunal Superior de Irlanda tras la denuncia de un colectivo ecologista, avaló que se puedan fijar posibilidades de pesca superiores a las que recomiendan los científicos para no amenazar la actividad de la flota.

Alfonso Villares aprovechó para volver la vista atrás, al tradicional Consejo ministerial que fijó en Bruselas las posibilidades de capturas para este año -y en algunas especies de carácter plurianual- señalando que en esta cita se acabó poniendo límites dentro de lo posible reparto de capturas en previsión de una sentencia negativa que no solo no se produjo, sino que se puso de parte de las necesidades sociales de las personas que viven del mar. Por tanto, ante la doctrina fijada ahora por la Justicia comunitaria desde Galicia lo que se reclama es una revisión al alza del conjunto de las cuotas de 2024 y que se haga desde ya, elevándola en la próxima reunión de los ministros europeos.

El titular de Mar señaló que la decisión de la Justicia europea va en la línea de la histórica demanda realizada siempre desde Galicia para que se equilibren los tres pilares de la Política Pesquería Común (PPC), el ambiental el social y el económico, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la actividad extractiva y el futuro de las economías costeras.

También defendió ante sus homólogos autonómicos que la decisión del TXUE certifica que las flotas comunitarias están compuestas por trabajadores y empresas que se verían afectados por las reducciones y posibles cierres de pesquerías que no tengan en cuenta informes que deben ser preceptivos sobre los impactos socioeconómicos que pueden tener las limitaciones de cuotas.

En el caso que se juzgaba elevado por el Supremo irlandés el Consejo Internacional para la Exploración del Mar había dictaminado cuotas cero para el bacalao, el merlán o la solla, unas restricciones que la UE no ejecutó, entiende el Tribunal,  actuando de manera correcta con el fin de poder conjugar ese aspecto económico y social evitando un cierre que  lastraría la viabilidad de flotas como la gallega.