La Xunta concede al Ayuntamiento de A Laracha un préstamo sin intereses por 712.000 € para rehabilitar la casa rectoral de Montemaior y destinarla a albergue
En la convocatoria de este año del Fondo de cooperación para rehabilitación y conservación del patrimonio construido se firmaron ya 26 convenios con 16 ayuntamientos por 5,42 M€
Santiago de Compostela, 25 de diciembre de 2022
La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda financiará con 712.808,01 euros la rehabilitación de la casa rectoral de Montemaior, en A Laracha. La obra será realizada por el propio ayuntamiento con el fin de destinar el inmueble a albergue con capacidad para 25 personas gracias a un préstamo concedido por el Instituto Galego da Vivenda e Solo, con cargo al Fondo de cooperación para rehabilitación y conservación del patrimonio construido dirigido a las entidades locales.
Esta es la primera vez que A Laracha se beneficia de estos préstamos, que deberán ser reintegrados por el municipio en un plazo máximo de 8 años y tienen como objetivo, entre otras cuestiones, adquirir y rehabilitar inmuebles en estado deficiente de conservación como medida de protección del patrimonio cultural y arquitectónico, del medio ambiente, del paisaje y del territorio.
En el período 2026-2021, se concedieron préstamos por un importe de más de 11,3 millones de euros para financiar 50 actuaciones en un total de 23 ayuntamientos. Además, en la convocatoria de este año, se otorgaron otros 29 por importe de 6,62 millones de euros a 21 ayuntamientos.
Hace falta destacar que este fondo se financia con cargo a las fianzas de alquiler depositadas en el IGVS, cuya devolución a los depositarios está plenamente garantizada. Las cantidades devueltas por los ayuntamientos pasan a integrarse nuevamente en el fondo para que puedan ser reutilizadas en nuevos préstamos.
Además, a través de este instrumento de financiación, la Xunta contribuye a facilitar a los ayuntamientos las actuaciones subsidiarias de rehabilitación en los casos en que los propietarios de los inmuebles desatiendan sus deberes, dado que la normativa vigente permite a los municipios actuar subsidiariamente y después reclamar a los propietarios el importe de las actuaciones realizadas.
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