La Xunta acuerda con las diputaciones de A Coruña y Lugo aplicar las mejoras en la prestación de sus servicios de emergencias al igual que en la provincia de Ourense

La Xunta acordó hoy con las diputaciones provinciales de A Coruña y Lugo avanzar en la renovación del convenio sobre la creación e implantación de los Grupos de Emergencias Supramunicipales (GES), que vence a finales de año. En 2023 el acuerdo sí incluirá para los 8 grupos de A Coruña y los 7 de Lugo las mejoras propuestas por el Gobierno gallego el año pasado y que ya se vienen aplicando desde enero en los 12 GES de la provincia de Ourense.

Así se abordó hoy en la reunión de la Comisión de Seguimiento de los convenios de colaboración entre la Xunta, la Federación Gallega de Municipios y Provincias y las diputaciones de A Coruña y Lugo en este ámbito. Al encuentro asistieron la directora general de Administración Local, Natalia Prieto, y el director general de Emergencias e Interior, Santiago Villanueva, junto a representantes de ambos organismos provinciales y de la FEGAMP.

Hace falta recordar que el año pasado solo la Diputación de Ourense y la FEGAMP habían aceptado aplicar las mejoras previstas por la Xunta para renovar el convenio en toda la comunidad.

La decisión de las diputaciones provinciales de A Coruña, Lugo y Pontevedra de rechazar la propuesta del Gobierno gallego impidió formalizar un convenio único como se venía haciendo desde la creación de los GES en 2013 y obligó a la firma de tres acuerdos distintos. Esto es, uno con la Diputación de Ourense por tres años incluyendo los aumentos de plantilla y de costes salariales en los GES de la provincia, otro con la Diputación de Pontevedra por 2 años con las condiciones anteriores que vence el próximo año y un tercer conjunto entre las diputaciones de A Coruña y Lugo por un año que se renovará el próximo mes y que en 2023 sí recogerá la propuesta ya formulada por la Xunta el año pasado.

La Xunta celebra la decisión de las dos diputaciones de sumarse a la iniciativa de la Administración autonómica que ya viene funcionando este año en Ourense con el objetivo de mejorar las condiciones de los ayuntamientos y de los efectivos de los servicios de emergencias y, por tanto, en la atención los incidentes en todo el territorio gallego.

Con la finalidad de completar y mejorar el mapa de emergencias de la comunidad optimizando la cobertura y los tiempos de respuesta, la Xunta abogaba, entre otras medidas, por un incremento del personal para que todos los GES tengan 12 efectivos – así se hizo en la provincia de Ourense con los subGES de Lobios, Muíños, Laza, Ribadavia y Avión con la contratación de 16 personas-, equiparar el coste de los 4 servicios municipales de emergencias de la comunidad al resto de GES y actualizar el coste salarial de los grupos. La propuesta también incluía la creación del subGES con seis efectivos en O Grove que, debido al rechazo de la Diputación de Pontevedra no fue posible.

La próxima renovación del convenio con las diputaciones coruñesa y lucense implicará la equiparación del coste de los cuatro servicios municipales de emergencias de la comunidad, lo de Noia pasará de un coste anual de 155.000 a 320.000 euros, al igual que el año pasado en la Mancomunidad de Celanova. En los otros dos servicios municipales de emergencias -Sanxenxo y Ponteareas- no será posible hasta que la Diputación de Pontevedra acepte renovar el acuerdo en iguales condiciones.

Por otra parte, la actualización de los costes salariales de los efectivos de los 15 grupos de estas provincias para adaptarlos a su coste real en la actualidad respecto al primer convenio firmado en 2013 supone un incremento anual de 40.000 euros por GES, pasando de 280.000 a 320.000 euros anuales por grupo. Así, se evitará que en estas dos provincias se siga dando como este año la desigualdad de condiciones entre los trabajadores de estos servicios de emergencias en comparación con las de los efectivos de los GES de Ourense.

Pese a que atención a las emergencias es una competencia de carácter local, que corresponde al ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales en los municipios de menos población, la Xunta mantiene su compromiso para colaborar en su funcionamiento desde la puesta en marcha de estos grupos en 2013 en colaboración con las diputaciones provinciales y la Fegamp.

El Gobierno gallego asume más de la mitad del coste anual de estos grupos y lleva invertidos más de 40 millones de euros en su mantenimiento y otros 9 millones para dotarlos de la equipación necesaria para llevar a cabo sus intervenciones con seguridad. 

Además, en los últimos años lleva hecho una importante inversión en el refuerzo de los servicios de emergencias de los ayuntamientos -tanto GES como Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil (AVPC)- con más de 64 millones destinados a su funcionamiento, equipación y formación.