Rueda avanza que la Xunta recurrirá ante el Tribunal Supremo la reforma del Reglamento de Costas que limita derechos y reduce las competencias autonómicas en el litoral

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció hoy que el Gobierno gallego va a recurrir ante el Tribunal Supremo la reciente reforma del Reglamento general de Costas, impulsada de forma unilateral por el Gobierno central, en defensa de los intereses de Galicia, ya que, en la práctica, esta modificación limita los derechos reconocidos legalmente a particulares, empresas y otros titulares de concesiones en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT), así como las propias competencias autonómicas sobre el litoral. “La Xunta va a solicitar la nulidad de esta reforma”, indicó Rueda ya que no es posible limitar derechos ya reconocidos en la legislación de Costas existente a través de una norma de rango menor a una ley como es el caso del decreto aprobado por el Ejecutivo.

Rueda resaltó que la Xunta lleva tiempo advirtiendo de la “deriva” del Gobierno central con regulaciones “cada vez más restrictivas” en materia de costas que buscan “erradicar toda actividad humana y económica de la franja del litoral”. En este sentido, el presidente de la Xunta lamentó que no se tenga en cuenta la realidad de cada territorio ni las consecuencias de estas limitaciones. Solo en Galicia, según explicó, hay 4.000 edificaciones públicas o privadas en el dominio público marítimo-terrestre y ya “se están paralizando algunas inversiones” a causa de la regulación que está llevando a cabo el Ejecutivo central.

El Consello aprobó esta mañana el acuerdo por lo que autoriza a la Asesoría Jurídica General para interponer un recurso contencioso-administrativo contra el real decreto aprobado para tal fin el pasado 1 de agosto. En concreto, la Xunta solicitará su nulidad argumentando que con los cambios introducidos en el reglamento se limitan, condicionan y mismo eliminan derechos previamente declarados por la legislación en materia de costas al vaciarlos de contenido, algo que no se puede hacer a través de una norma de rango inferior.

Así se recoge en la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo, que, tal y como se aduce en el recurso de la Xunta, prevé que las disposiciones que “vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior” serán “nulas de pleno derecho”.

En este sentido, el Real decreto por lo que se modifica el Reglamento de Costas incluye una regulación que impone limitaciones, establece nuevos condicionantes y mismo llega a vaciar de contenido derechos reconocidos a los titulares de concesiones en DPMT, al limitar la duración de estas y los usos que pueden amparar, generando más inseguridad jurídica.

En concreto, uno de los cambios más importantes es que se elimina la posibilidad de que las concesiones de viviendas y de empresas de la cadena mar-industria otorgadas con anterioridad a 1988 puedan tener una prórroga extraordinaria, un derecho regulado por la Ley de espaldas de 2013.

Así, en el caso de las viviendas particulares, la reforma del reglamento cierra la puerta a la permanencia de este tipo de edificaciones en la franja costera porque podrían localizarse fuera de ella. Asimismo, en el referido a las empresas en DPMT con concesiones otorgadas antes de 1988, desaparece de facto su derecho a la prórroga, ya que el reglamento limita la permanencia de este tipo de actividades en la costa a una duración máxima de 30 años, un tiempo ya transcurrido.

De hecho, incluso los concesionarios que hayan solicitado prorrogar su título antes de la aprobación de la reforma pero no hayab recibido respuesta expresa del Gobierno central verán denegada su petición, lo que genera una retroactividad claramente desfavorable y supone que el Gobierno vaya un paso más allá que con la Ley de cambio climático de 2021.

En el resto de los casos, la modificación del reglamento vincula la posible prórroga a una serie de condiciones y exigencias fijadas en la Ley de Costas pero a las que hasta el momento la mayoría de estas concesiones no tenían que someterse. Esto supone un nuevo obstáculo que hará más difícil, sino imposible, conseguir prolongar la duración de las concesiones.

Asimismo, otro de los cambios afecta la regulación de la modificación de los límites del DPMT, introduciendo a través del reglamento criterios arbitrarios y sin justificación técnica alguna para realizar deslindes, pudiéndose ampliar la extensión de esta franja de titularidad estatal en detrimento de la propiedad privada y de las competencias autonómicas sobre la ordenación del litoral.

Nueva Lolga

La decisión de la Xunta de recurrir contra la reforma del Reglamento de Costas, que fue avalada ya el verano pasado por el Observatorio Gallego del Litoral, pretende poner freno al último de los cambios normativos impulsados por el Ejecutivo central desde el año 2018.

De hecho, con la reforma del Reglamento de Costas el Estado cierra el círculo en su estrategia para imponer una interpretación cada vez más restrictiva de la normativa de costas y propiciar la eliminación progresiva de toda actividad humana y económica de la franja litoral.

Así, hace falta recordar los cambios introducidos en la duración de las concesiones en el litoral a través de la Ley de cambio climático estatal, aprobada el año pasado y que limita estos títulos a un máximo de 75 años, incluidas también las posibles y legítimas prórrogas. Asimismo, el junio pasado el Ministerio sometió la información pública lo llamado Plan de la costa libre, un documento estratégico con que aspira a liberar el DPMT a través de la retirada paulatina y controlada de la presencia humana en la costa de aquí al año 2045.

En este sentido, el recurso contra la reforma del reglamento se enmarca en la estrategia liderada por la Xunta en defensa de los intereses de Galicia y de sus competencias exclusivas en la costa. “No tiene ningún sentido esta normativa. Se pueden hacer las cosas mucho mejor”, señaló Rueda.

Con el fin de buscar el autogobierno pleno y la ordenación de la franja costera asumiendo el papel de gestión que le corresponde, el Gobierno gallego anunció en septiembre el impulso de la que será la primera Ley de ordenación del litoral.

El objetivo es dotarse de una norma adaptada a la realidad gallega para tratar de resolver los problemas y la inseguridad jurídica generados por las últimas decisiones del Estado, con una interpretación restrictiva de la gestión de la franja litoral y de las políticas públicas autonómicas.

Por eso y toda vez que la Xunta estima que hay cerca de 4.000 edificaciones públicas y privadas localizadas en el DPMT gallego, abrió una ronda de contactos con los ayuntamientos costeros y los principales agentes y sectores afectados para animarlos a implicarse en la redacción de la futura Lolga, de la que precisamente este lunes se cerró la fase de consulta pública previa.