La Xunta destaca la buena evolución de las parcelas contratadas al amparo del convenio de protección de las aldeas, que aumentó en un 400% entre 2019 y 2022

Manuel Rodríguez indicó que en el año 2021 se revisaron las fajas secundarias de 116 ayuntamientos, que comprenden 59.158,80 hectáreas en 866.114 parcelas, concluyendo que más de un 66% de la superficie estaba gestionada

José Luis Chan aclaró que sigue vigente a moratoria en la que se prohíben las nuevas plantaciones de eucalipto allí donde no los hay, incluido en zonas de turbeiras, y destacó que la legislación sectorial vigente, actúa ante la destrucción de hábitats prioritarios en cualquier lugar del territorio
 

Santiago de Compostela, 6 de julio de 2022

El director general de Defensa del Monte, Manuel Rodríguez, dio cuenta esta mañana en la Comisión 7ª de los datos relativos al convenio de protección de las aldeas, suscrito en 2018 entre la Xunta, la Federación Gallega de Municipios y Provincias y Seaga. Allí, destacó la buena evolución de las parcelas particulares contratadas al amparo del Sistema de gestión de la biomasa en las franjas secundarias para la protección de las aldeas, donde se pasó de 5.012 fincas contratadas en 2019 a 25.651 predios en 2022. Esto supone un aumento de más del 400%, aseguró el director general, lo que evidencia la buena acogida de este sistema público entre la población.

En este sentido, Manuel Rodríguez recordó que los propietarios de las parcelas localizadas en las fajas secundarias de las parroquias priorizadas  son los que pueden encomendar la gestión de las mismas a la entidad pública Seaga, por una tarifa de 350 euros por hectárea (IVA incluido), es decir, 35 euros por 1.000 metros cuadrados.

En esta línea, cabe indicar que a día de hoy son 273 los ayuntamientos adheridos al convenio de protección de las aldeas, lo que supone casi el 88% de los existentes. La distribución territorial de los ayuntamientos adheridos al convenio es la siguiente: 80 en A Coruña, 54 en Lugo, 87 en Ourense y 52 en Pontevedra.

Precisamente, Manuel Rodríguez indicó que el objetivo fundamental del convenio es garantizar la correcta gestión de la biomasa en las parcelas ubicadas dentro de la red de fajas secundarias de gestión de biomasa que establece la Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, que son las que bordean los núcleos de población.

Así, en cuanto a los controles de la gestión de biomasa, el director general indicó que inicialmente el convenio contempló trabajos de revisión de parcelas en 157 parroquias (priorizadas) de 81 ayuntamientos, lo que suponía un total de 10.147,31 ha en 181.392 parcelas. Sin embargo, en el año 2021 se reforzó notablemente esta labor hasta llegar a la revisión completa de las fajas secundarias de 116 ayuntamientos, consiguiéndose así información concreta del estado de gestión de 866.114 parcelas, que comprenden 59.158,80 ha. Del resultado de estas inspecciones, incidió Rodríguez, se concluyó que algo más del 64% de las parcelas están gestionadas, lo que representa más de un 66% de la superficie.

Además, para fomentar esa adecuada gestión de la biomasa, explicó el director general, también se colabora con los ayuntamientos en la ejecución de los trabajos preparatorios para la notificación y publicación relativa al deber de gestión de la biomasa. En este sentido, tras los controles realizados en el año 2021 se enviaron a los ayuntamientos un total de 180.483 notificaciones y 171.508 publicaciones. En este sentido, cabe recordar que desde lo 1 de junio de este año ya comenzaron los nuevos controles por el territorio gallego, comenzando en las parroquias priorizadas.

Perímetros de alto riesgo

Durante su intervención, el director general también trasladó que el convenio incluye la posibilidad de que todos los ayuntamientos adheridos puedan solicitar que Seaga ejecute actuaciones de gestión de biomasa en las vías de titularidad municipal, hasta un máximo de 10 kilómetros por ayuntamiento y año con cargo al convenio para luego poder delimitar un perímetro de alto riesgo.

Así, dentro del tramo establecido en el perímetro, las actuaciones consistirían en la gestión de la vegetación mediante la roza y la eliminación de especies como pinos, eucaliptos o acacias, incluyendo el abatimiento, tronzado, saca y acopiado de la madera y la recogida y eliminación de restos.

Al amparo de esto, en el año 2021 la Consellería declaró los primeros ocho perímetros de alto riesgo de incendio en vías municipales. Estas primeras declaraciones contemplaron actuaciones en el ayuntamiento de Bergondo (7,89 hectáreas), Carnota (11,57 ha), Navia de Suarna (11,96 ha), Pantón (6,57 ha), Carballeda de Valdeorras (11,89 ha), Carballeda de Avia (11,82 ha), Campo Lameiro (7,75 ha) y Crecente (11,91 ha). 

Por último, Manuel Rodríguez también destacó la colaboración vecinal en materia de gestión de la biomasa. Así, la Consellería hizo entrega de material y equipación necesaria para llevar a cabo actuaciones sobre la biomasa, infraestructuras preventivas o apoyo a la intendencia en situación de incendios forestales a un total de cinco asociaciones vecinales situadas en los ayuntamientos de Vilarmaior, Monterroso, Lobios, Cualedro y Silleda.

Plantación de eucaliptos en zonas de turbeiras

Por su parte, el director general de Planificación y Ordenación Forestal, José Luis Chan, aclaró que sigue vigente la moratoria en la que se prohíben las nuevas plantaciones de eucalipto allí donde no los hay. Una moratoria, incidió, que fue incluida en la Ley de recuperación de la tierra agraria y en el propio Plan Forestal de Galicia 2021-2040 “Hacia la neutralidad Carbónica”.

Además, Chan incidió en que según la legislación sectorial vigente, la destrucción de hábitats prioritarios en cualquier lugar del territorio es una infracción y siempre que el Gobierno gallego tiene constancia de ella se actúa de inmediato.

Por último, el director general incidió en que culpar al sector forestal de la desaparición de este tipo de hábitats es totalmente incongruente. En este sentido, recalcó que la cadena monte-industria es un pilar fundamental para la economía circular y la bioeconomía, dentro del Pacto Verde Europeo y, por lo tanto, se espera que se vea respaldado por la correspondiente asignación de fondos Next Generation para el desarrollo de los proyectos presentados y afianzar, de una manera definitiva, el sector forestal gallego apoyado en un monte biodiverso, multifuncional, sostenible y con una gestión forestal activa.