Ethel Vázquez destaca que la sentencia que le da la razón a la Xunta sobre los peajes de Rande y A Barcala de la AP-9 supone un ahorro de 400 M€ para los gallegos

La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, trasladó la satisfacción de la Xunta por la sentencia que le da la razón en relación a los peajes de Rande y A Barcala en la AP-9 y que hará posible un ahorro de 400 millones de euros para las arcas públicas autonómicas y para el bolsillo de los gallegos.

Vázquez Mourelle subrayó esta tarde en el Parlamento que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia le dio la razón a la Xunta frente al Gobierno central, por lo que los gallegos no tendrán que pagar una compensación por la liberación de los peajes de Rande y A Barcala, al tratarse de una autopista estatal.

Explicó que el fallo supone que la Xunta no tendrá que pagar una indemnización de 15,6 M€ a Audasa y que ahorrará cerca de 400 M€ por todos los años que restan de concesión de la autopista AP-9.

Ethel Vázquez incidió en que el actual Ejecutivo gallego siempre consideró un despropósito tener que abonar, con el dinero de todos los gallegos, los peajes en sombra de una autopista estatal, por lo que actuó para liberar la Xunta del acuerdo que el Gobierno Bipartito firmó con el Ejecutivo central en 2006, siendo presidente el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Audasa reclamaba a la Administración autonómica los peajes en sombra de los ejercicios correspondientes a 2000 y 2021, pero el alto tribunal fue rotundo al afirmar que no le correspondía a la Administración autonómica hacerlo, ya que es el Ejecutivo central el responsable al tratarse de una autopista de titularidad estatal.

La Xunta vino insistiendo de manera reiterada en este argumento, que a quién le corresponde pagar esa subvención es al titular de la autopista, que es el Ministerio de Transportes. Un punto también avalado por el Gobierno central siendo presidente Mariano Rajoy, cuando se decidió dejar sin efecto el convenio firmado con el Gobierno Bipartito de la Xunta, estableciendo, claramente, que sería la Administración General del Estado quien asumiera íntegramente el coste de los peajes en sombra de Rande y A Barcala.

La conselleira se congratuló por este desenlace ante la pretensión del Gobierno de España de endosarle a los gallegos una deuda que no es de competencia autonómica.

Incidió en que los principales destinatarios de las inversiones públicas deben ser los ciudadanos y el territorio y no las empresas privadas.

En este sentido, recordó el informe de la Comisión Gallega de la Competencia, que califica de excesivas “” y como “posibles ayudas de Estado” las compensaciones que está recibiendo la concesionaria de la autopista por las obras de ampliación en los accesos a Vigo y la Santiago.

Recordó también que la Xunta ha pedido en innumerables ocasiones al Gobierno de España la adopción de medidas ante las evidencias que apuntan a un excesivo enriquecimiento de la concesionaria a costa de esta autopista, sin que hasta el momento hubiera respuesta.

Hace falta recordar que la AP-9 es una de las principales vías de comunicación en Galicia, vertebradora de prácticamente el 60% de la población.

La conselleira se refirió a la poca repercusión de las bonificaciones que se está aplicando en los peajes de esta carretera desde hace casi un año, algo que reconoce hasta el propio Ministerio de Transportes. Recordó, la este respeto, que la Xunta ya había advertido que una bonificación del 20% para vehículos pesados, en vez del 60% que propuso el Gobierno gallego, no es aliciente suficiente para sacar los camiones de las carreteras convencionales y, con eso, contribuir a mejorar la seguridad viaria.

Subrayó, además, que de los 55 M€ consignados para los descuentos de los peajes de la AP-9 en el año 2021 quedaron sin gastar 38 M€. En este sentido, lamentó que el Gobierno central no destinara ese presupuesto a ofrecer descuentos similares en la otra autopista estatal, en la AP-53, como ha demandado la Xunta, ya que tan sólo implicaría un gasto de 3,2 M€.

Ethel Vázquez también se refirió a la tramitación de la transferencia de la titularidad de la AP-9, que comenzó en diciembre de 2019. Recordó que, aunque se llegó a constituir la ponencia el 21 de septiembre, desde esa fecha no se supo nada más.

Reiteró que el Gobierno gallego mantiene la misma posición desde hace años, defiendo para Galicia la titularidad de la AP-9 para que las decisiones sobre esta infraestructura vital se tomen desde el territorio y respondan de mejor manera a las necesidades de los usuarios.