El presidente de la Xunta avanzaavanza la autorización de la firma del convenio con el Ejecutivo central para ejecutar el Plan para el acceso a la Vivienda 2022-2025, con un presupuesto de 106 M€

Subraya que, de estos programas, los 4 que se convocarán en el mes de julio son las ayudas directas al alquiler, los incentivos para compra de vivienda en ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes, el bono de alquiler social y las ayudas de accesibilidad

Asimismo, indica que la finales de este año se pondrá en marcha un programa para la promoción de alojamientos dirigidos la personas mayores o con alguna discapacidad y otro para promover soluciones residenciales como viviendas cooperativas o tipo ‘cohousing'

Las líneas incluidas en el plan vendrán a completar el amplio abanico de subvenciones, incentivos y préstamelos que gestionará el Instituto Galego da Vivenda e Solo a lo largo de 2022, hasta sumar un total de cerca de 160 M€
 

 

El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda Valenzuela, avanzó hoy tras la reunión del Consello da Xunta, la autorización de la firma del convenio con el Ejecutivo central que permitirá empezar a ejecutar el Plan para el acceso a la vivienda 2022-2025, dotado con un presupuesto plurianual de 106 millones de euros.

 

Entre todos los programas incluidos en el nuevo Plan, la Xunta seleccionó los 7 que considera que mejor se ajustan a la situación y a las necesidades particulares de la Comunidad y que, además, tampoco interfieren con otras líneas de carácter autonómico ya implantadas en Galicia, con el fin de evitar duplicidades.

 

En concreto y una vez que se firme el convenio de colaboración entre ambas administraciones, dijo, la Xunta estará en disposición de convocar 4 programas, previsiblemente en el mes de julio. Uno de ellos es el de las ayudas al alquiler, en vigor desde hace años y uno de los que mayor demanda tiene en Galicia. Con un presupuesto asignado de 12,5 millones de euros, estas subvenciones van dirigidas la personas que no superen 3 veces el Iprem (24.318,84 euros) y que paguen menos de 600 euros al mes por su vivienda. En este caso, los beneficiarios tendrán derecho a recibir estas subvenciones por un plazo de 5 años, una novedad respeto al plan anterior, donde el límite era de 3 años.

 

Asimismo, la línea de ayudas a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables se gestionará a través del bono alquiler social. La convocatoria de este año se hará por un importe de 11,2 millones de euros y supondrá volver a gestionar en Galicia a través de una única y nueva prestación los dos bonos —bono alquiler social y bono para víctimas de violencia de género— que en los últimos años se convocaron de forma separada.

 

Con una duración de hasta 5 años y un importe que puede llegar al 100% de la renta máxima fijada en cada localidad —550, 500 y 425 euros al—mes , esta línea va dirigida a familias con ingresos iguales o inferiores a 1,5 veces el Iprem ponderado (11.862,9 euros). En todo caso, estas cuantías podrán incrementarse en un 20% cuando se trate de una familia numerosa o alguno de sus miembros necesite una vivienda adaptada.

 

El tercer programa que se convocará en julio se corresponde con las ayudas a personas jóvenes para contribuir al reto demográfico. En este caso, los incentivos están dirigidos específicamente la menores de 35 años que compren su vivienda habitual en municipios con una población inferior a 10.000 habitantes. Tendrá un presupuesto de 2,55 millones de euros que permitirá apoyar la este colectivo con ayudas de hasta 10.800 euros.

 

Además, el programa de mejora de la accesibilidad a las viviendas pondrá a la disposición de los propietarios 3,9 millones de euros para ayudarles a financiar obras y actuaciones que hagan más accesibles sus inmuebles, ya sean viviendas unifamiliares o edificios residenciales colectivos. En este caso, los incentivos podrán llegar a cubrir el 60% del coste de los trabajos, con un límite máximo de 21.000 euros por inmueble.

 

Programas con convocatoria en diciembre

En cuanto a los tres programas restantes, dos de ellos se convocarán por primera vez —previsiblemente en diciembre— y van dirigidos, por un lado, a promover alojamientos o viviendas para personas mayores o con alguna discapacidad, con un presupuesto de 4 millones; y por otro, al fomento de soluciones residenciales como viviendas cooperativas intergeneracionais o modalidades como el cohousing, los alojamientos temporales y otras similares, una línea de incentivos que tiene asignados 8,3 millones de euros.

 

Se tratan de ayudas destinadas tanto a administraciones, como la entidades privadas, fundaciones y promotores sociales interesados en promover viviendas que encajen en alguno de estos programas. A cambio, podrán optar a ayudas de 700 euros por metro cuadrado en el primero caso (con un límite de 50.000 euros por alojamiento o vivienda) y de 420 euros por metro cuadrado en el segundo (con un máximo fijado también en 50.000 euros).

 

Por último, el programa de incremento del parque público de viviendas no requiere de convocatoria como tal ya que, en este caso, los 8,3 millones de euros disponibles se destinarán a que el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) compre inmuebles que ya tiene cedidos por parte de Abanca y de la Sareb.

 

Para esto, se necesitará firmar un convenio previo con estas entidades, por lo que se prevé que en el mes de octubre se puedan incorporar estas viviendas al parque público residencial de la Comunidad.

 

Hace falta recordar que el anterior Plan de vivienda 2018-2021 contó con un presupuesto total de 112,6 millones de euros, incluyendo los fondos adicionales que se movilizaron para paliar los efectos de la covid en el ámbito residencial. En estos momentos y teniendo en cuenta el importe ya concedido y lo que se sigue pagando en el marco de las convocatorias plurianuales que aún están en marcha, el grado de ejecución del plan en Galicia será superior al 95%.

 

Una treintena de ayudas y programas en materia de vivienda

Todos estos programas, enmarcados en el Plan para el acceso a la vivienda 2022-2025, vendrán a completar el amplio abanico de ayudas, incentivos y líneas de financiación que la Xunta pondrá a la disposición de particulares, comunidades de vecinos, ayuntamientos y promotores en 2022 gracias a fondos propios de la Comunidad y también al dinero procedente de la UE a través del programa Next Generation.

 

De hecho, este año está previsto que el Gobierno gallego gestione alrededor de una treintena de programas con un presupuesto global de cerca de 160 millones de euros para apoyar diferentes tipos de intervenciones en el ámbito residencial así como otras actuaciones directas del IGVS —más allá de las inversiones en marcha para construir nuevas viviendas de promoción pública—, que tengan como fin incrementar el actual parque público residencial.

 

Entre las líneas de ayudas ya convocadas y con plazo de solicitud abierto, hace falta citar cuatro programas financiados con fondos europeos con el denominador común de que buscan facilitar la rehabilitación energética de inmuebles residenciales ya existentes —el programa de ayudas a nivel de edificio, el PREE5000, los incentivos a nivel de vivienda, y el programa de subvenciones a la elaboración del libro del edificio y a la redacción de proyectos—.

 

Además, hasta el próximo 30 de septiembre podrán pedirse ayudas por un importe máximo de 25.000 euros para rehabilitar inmuebles localizados en el Área de rehabilitación integral (ARI) de los Caminos de Santiago, en la ARI Ribeira Sacra y en la ARI de las Islas Atlánticas; y en esa misma fecha también se cerrará el plazo para optar a las subvenciones autonómicas para adquirir inmuebles en cascos históricos o para comprar una vivienda protegida.

 

Por último, el presidente de la Xunta recordó que Galicia contará este año con hasta una treintena de iniciativas con las que facilitar que la población tenga acceso a una vivienda digna ya sea en régimen de alquiler o en propiedad. En ese sentido, aseguró que el Gobierno gallego seguirá trabajando para garantizar ese derecho, especialmente entre los colectivos más vulnerables.


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