El Diario Oficial de Galicia publica el acuerdo para que los ayuntamientos, las diputaciones, las universidades y las entidades del sector público puedan aplicar el real decreto ley estatal de revisión de precios en las obras
El acuerdo, que produce efectos desde hoy, tiene como fin facilitar la viabilidad de las inversiones públicas en marcha en la comunidad en un contexto de incremento extraordinario de precios de los materiales de la construcción y de crisis energética
Se trata de ampliar el ámbito de aplicación del Real Decreto Ley aprobado en marzo por el Gobierno central a las obras públicas de las administraciones en la comunidad gallega
Esta iniciativa permite aplicar la normativa estatal mientras se procura el acuerdo en el conflicto de competencias abierto por el Gobierno de España por las medidas adoptadas ya hace meses para blindar las obras públicas de titularidad autonómica
La Xunta considera que la normativa estatal es insuficiente para hacer frente a la problemática, por el breve horizonte temporal que fija, por incluir solo la revisión de precios en 4 materiales y por excluir los contratos de servicios y los costes energéticos
La exclusión de materiales como el plástico, el vidrio, la madera, productos químicos o cerámicos ponen en riesgo la ejecución de obras hidráulicas, la conservación de carreteras o las obras de rehabilitación edificatoria
La Xunta ya se dirigió al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para solicitar que amplíe el alcance de la normativa estatal
La Xunta publica hoy en el Diario Oficial de Galicia (DOG) el acuerdo para que los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, las universidades y todas las entidades del sector público gallego puedan aplicar el Real Decreto Ley aprobado el pasado 1 de marzo por el Gobierno de España de revisión de precios en las obras.
Este acuerdo produce efectos desde hoy, que fue publicado en el Diario Oficial de Galicia. En el siguiente enlace se puede ampliar la información relativa al acuerdo: https://cutt.ly/VGRdurL
La iniciativa tiene como fin facilitar la viabilidad de las obras públicas de la comunidad y minimizar el impacto en las inversiones públicas del incremento extraordinario de los precios de los materiales de construcción y de la crisis energética.
El Real Decreto Ley estatal recoge que su aplicación “podrá alcanzar el ámbito de las comunidades y de las entidades locales mediante una decisión individualizada del órgano competente de cada comunidad autónoma”. Así, la Xunta aprobó ayer formalmente este acuerdo que habilita a todas las administraciones y entidades del sector público de la comunidad a poder revisar los precios sin trámites intermedios posteriores.
En lo relativo a las obras impulsadas por la Xunta, esta decisión permite aplicar la normativa estatal mientras se procura el acuerdo en el conflicto de competencias abierto por el Gobierno de España por las medidas adoptadas ya hace meses para blindar las obras públicas de titularidad autonómica.
El Gobierno gallego considera que la normativa estatal es insuficiente en cuanto al horizonte temporal para la revisión de precios que fija, al incluir únicamente en esa revisión 4 materiales, excluir los costes energéticos y el no tener en cuenta los contratos de servicios.
De este modo, la exclusión de materiales como el plástico, el vidrio, la madera, los productos químicos o cerámicos ponen en riesgo la ejecución de infraestructuras hidráulicas, los contratos de conservación de carreteras o las obras de rehabilitación edificatoria.
A este respeto, la Xunta ya se dirigió al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para solicitar la ampliación del alcance del Real Decreto Ley estatal, para que amplíe los materiales en él recogidos.
El Ejecutivo autonómico pide que se permita que cada administración destine sus propios recursos a garantizar la viabilidad de sus obras con el objetivo de que no se paralicen las actuaciones ni se despida a trabajadores por la escalada de precios.
La Xunta, en contacto con el sector de la construcción, elaboró una lista con 40 materiales afectados por la escalada de costes y estableció un período temporal amplio para fijar unas condiciones excepcionales bajo las que permitir un reequilibrio de las obras de responsabilidad autonómica, esenciales para la recuperación de la economía y para la preservación del empleo.
La disposición adicional autonómica se articuló con pleno respeto al reparto competencial y sin injerencia alguna en la competencia básica estatal en materia de contratos, como demuestra el propio contenido disposición adicional.