La Xunta presenta alegaciones al anteproyecto de Ley de movilidad sostenible del Gobierno de España, que considera lesivo para las comunicaciones del rural
El Gobierno autonómico demanda que se consideren las peculiaridades de Galicia, que por su elevada dispersión territorial y por el envejecimiento de la población precisa de una alta capilaridad de los servicios de movilidad
Lamenta que el anteproyecto no contemple la movilidad rural y solicita la incorporación de los conceptos de igualdad de oportunidades y vertebración territorial
Solicita la revisión de los principios establecidos parar declarar Deberes de Servicio Público, pues la norma se limita a criterios económicos frente a la rentabilidad social o ambiental
Alerta sobre declaración de intenciones de suprimir el transporte ferroviario en el rural, sustituyendo la media distancia por servicios por carretera de titularidad autonómica
Advierte que un sistema de pago por uso de autovías basado en la distancia recorrida perjudicará a territorios periféricos como Galicia, al agrandar las diferencias entre comunidades y el desequilibrio territorial
La Xunta presentó hoy sus alegaciones al anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible que impulsa el Gobierno de España y que considera lesivo para garantizar las comunicaciones en el rural de Galicia.
El Gobierno autonómico considera que la normativa debe tener en cuenta las características diferenciales de Galicia, que cuenta con un elevado nivel de dispersión territorial y con población envejecida, lo que hace necesaria una alta capilaridad de los servicios de movilidad.
Dadas estas peculiaridades de la comunidad gallega, el transporte público precisa de un significativo volumen de aportaciones por parte de la administración.
En este sentido, para dar respuesta a las necesidades reales de la población gallega en materia de comunicaciones, la Xunta viene redoblando en los últimos años los esfuerzos inversores dirigidos a conseguir un transporte público de calidad.
Igualdad de oportunidades en el rural
Una vez considerado estas características propias de Galicia y evaluado el anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible, la Xunta, en primer lugar, ponen de manifiesto que el texto no contempla en ningún ámbito a movilidad rural.
El Gobierno gallego lamenta que la planificación de infraestructuras de transporte estatal quede supeditada a la rentabilidad, centrando las inversiones en las zonas más pobladas o nos corredores de mayor demanda.
Según indica, este anteproyecto, completamente escorado hacia los entornos urbanos, agravará el declive demográfico y el abandono de sectores productivos estratégicos para la economía de la comunidad a causa de la falta de competitividad.
A este respecto, el Ejecutivo autonómico hace un llamamiento a incorporar en la normativa los conceptos referidos a la igualdad de oportunidades o a la vertebración territorial, básicos para los núcleos rurales.
Deberes de Servicio Público
Además, la Xunta insta a la revisión de los principios para declarar Deberes de Servicio Público, pues la norma se limita a establecer criterios económicos frente a otros tan importantes como la rentabilidad social o ambiental.
En los alegatos presentados se remarca la Disposición 3ª de la Ley, que, según se alerta en los alegatos, parece una declaración de intenciones de finalizar con el transporte ferroviario en el rural, suprimiendo el sistema de media distancia y sustituyéndolo por servicios de transporte por carretera, de titularidad autonómica.
El texto normativo justifica el imposible cumplimiento de los servicios de media distancia por la demanda y por la tendencia a la concentración de la población, factores que vuelven a discriminar el rural y por supuesto, incumplen los Deberes de Servicio Público.
El Gobierno gallego, en este contexto, solicita al Gobierno estatal la realización de un ejercicio de transparencia, publicando la asignación económica destinada a las diferentes líneas y servicios declarados como Deberes de Servicio Público en el contrato con Renfe.
En tercero lugar, la Xunta evalúa el Fondo estatal para el sostenimiento de la movilidad, pues se reserva únicamente a las entidades locales, dejando fuera el transporte metropolitano que prestan las comunidades autónomas. Así, se solicita que las autonomías también puedan ser beneficiarias del citado fondo.
Pago por uso de las autovías
En cuarto lugar, cabe destacar el análisis de la Disposición Adicional 13ª de la Ley, que habilita al Estado para establecer un pago por uso de vías de altas prestaciones. En este caso, el Ejecutivo autonómico subraya la indefinición de la medida, pues no se concretan las implicaciones prácticas o las condiciones.
La Xunta considera que esta medida implantada por distancia recorrida supondrá un gran perjuicio para territorios periféricos como Galicia, pues agrandará la brecha de diferencias entre comunidades, provocará un mayor desequilibrio territorial y romperá el concepto de igualdad de oportunidades. También se suman los perjuicios que esta iniciativa podría suponer para la competitividad del sector del transporte de mercancías.
La Xunta reivindica que, en el caso de implantarse el sistema de pago de las autovías como mecanismo de financiación del mantenimiento de la red viaria, este se establezca con el máximo consenso, especialmente con sectores tan afectados como el transporte de mercancías. Este mecanismo debe garantizar el equilibrio territorial y la igualdad de oportunidades.
Por otra parte, la Consellería de Infraestructuras también manifiesta su preocupación ante la proliferación injustificada de conferencias sectoriales que incluye el texto para abordar temas íntimamente relacionados. Llama la atención esta propuesta, ya que el presente texto no se debatió en el marco de la vigente Conferencia Nacional de Transportes, a pesar de reiterar su convocatoria, sin respuesta por parte del Gobierno central.
Igualdad de género y movilidad inclusiva
Además, entre las aportaciones remitidas por la Xunta, también se hace referencia a la necesidad de incluir en el texto el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones en los órganos creados o existentes.
También apelan los alegatos autonómicos a la movilidad inclusiva para garantizar el acceso al transporte público a todos los ciudadanos, independientemente de sus circunstancias. Así, se puntualiza la necesidad de considerar la movilidad con elementos para transportar la menores de 3 años.