La Xunta señala como pilares de la nueva Ley de Inclusión Social la inserción sociolaboral, la reducción de la burocracia y la reordenación de las ayudas

La Xunta señaló como pilares de la nueva Ley de Inclusión Social de Galicia la inserción sociolaboral de sus perceptores, la reducción de la burocracia en el acceso a prestaciones y la reordenación de las ayudas para adaptarlas a la nueva realidad generada por la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Así lo trasladó el director general de Inclusión Social, Arturo Parrado, esta mañana durante la respuesta a una pregunta sobre esta cuestión en la Comisión 5ª de Sanidad, Política Social y Empleo.

El director general defendió que esta modificación normativa no se pudo llevar a cabo de forma efectiva por la demora en el proceso de tramitación de la ley reguladora del IMV, que no finalizó hasta el 21 de diciembre del pasado año, cuando fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Desde la entrada en vigor de esta prestación, en el mes de junio del año 2020, este texto sufrió hasta seis modificaciones, lo que provocó inseguridad sobre los puntos que debían ser objeto de reforma a nivel autonómico.

Por otra parte, Arturo Parrado recalcó que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, confirmó en los últimos meses su disposición a transferir a Galicia la gestión del IMV, tal y como había solicitado la Xunta desde que se puso en marcha esta prestación. De este modo, la nueva Ley gallega deberá tener en cuenta esta situación para ofrecerle al ciudadano una atención individualizada a través de un portal único que impida duplicidades. Así las cosas, espera que la nueva normativa esté finalizada a finales de este año 2022.

Contratación de personal

Por otro lado, el director general defendió que resulta muy necesario el incremento de personal en los servicios sociales comunitarios. Esta cuestión, recordó, se recoge en la Agenda Social Única 2024 mediante el incremento de financiación del Plan Concertado. En este sentido, apuntó que durante el año 2021 este compromiso ya se cumplió al destinar 12,2 millones de euros, un 12% más que el año anterior, y contratar así 92 nuevos profesionales en 85 ayuntamientos de Galicia.

Asimismo, el Gobierno gallego también está ayudando a reformar la contratación de profesionales a través de la Orden de ayudas a ayuntamientos para realizar programas de inclusión social. La última convocatoria contó con 6,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 11% con respecto al año anterior, y facilitó la contratación de 80 personas por parte de las Administraciones locales.

Garantizar la Risga

Arturo Parrado defendió que el Gobierno gallego garantizó y garantizador la financiación necesaria para atender a todas las personas que precisen una Risga. Apuntó que siempre se contó con amplitud presupuestaria para cubrir todas las solicitudes y recordó que se trata de una partida ampliable. Tras la puesta en marcha del IMV, fue necesario mantener este presupuesto porque los atrancos en el acceso a la prestación estatal provocó que fueran pocas las personas que transitaran al IMV.

Asimismo, la Xunta puso en marcha nuevas medidas para dar respuesta a las necesidades urgentes de la población en situación de vulnerabilidad. Muestra de esto es la creación de la Tarjeta Básica, que contó con un presupuesto de 12 millones de euros en el año 2020 y de 23,8 en el año 2021. Esto demuestra, afirmó, que no se recortó el presupuesto en la ayuda a la inclusión social, sino que, al contrario, se amplió.