La Xunta aboga por la cooperación con los ayuntamientos en el desarrollo de una energía eólica compatible con la protección del medio ambiente y el sector primario

El vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, destacó hoy durante una reunión con la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) la necesidad de la cooperación institucional entre la Administración autonómica y los ayuntamientos en el desarrollo de la energía eólica, buscando que sea compatible con la protección del medio ambiente y de las actividades del sector primario.

Así, con el objetivo de realizar una planificación ordenada que permita acercar seguridad jurídica a los proyectos eólicos y respetar el medio natural, la Xunta, a través de la ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña a los presupuestos del 2022, establecerá a partir del próximo mes de enero una moratoria de 18 meses para poder tramitar los 275 expedientes que tiene ahora mismo sobre la mesa y que suman 7200 MW.

Esta norma incluiría a los proyectos de tramitación autonómica –parques de menos de 50 MW–, exceptuando aquellos proyectos que tengan un claro incidente territorial por su entidad económica y social, posean una función vertebradora y estructurante del territorio y sean declarados cómo tales por el Consejo. Al mismo tiempo, no impedirá la modificación de los proyectos ya admitidos a trámite.

En la misma línea, Conde recordó en la reunión de hoy que la ley de medidas también acuerda una nueva limitación en la distancia de los aerogeneradores con respeto a los núcleos de población, pasando de los 500 metros actuales la una distancia que se calculará multiplicando por cinco la altura del aparato; es decir, en un eólico de 200 metros, la distancia con respeto a las viviendas será de un kilómetro.

“Todos los proyectos que se puedan llevar a cabo en Galicia seguirán contando con todas las garantías técnicas, jurídicas y ambientales, y cumpliendo la máxima de que tramitar no es el mismo que autorizar”, destacó Conde, al mismo tiempo que recordó la imposibilidad de implantar parques eólicos fuera de las áreas incluidas en el Plan sectorial eólico, así como nos espacios de la Red Natura.

Actuaciones en marcha

Dentro de este objetivo de llevar a cabo un desarrollo eólico ordenado, la Xunta está impulsando también herramientas de transparencia, colaboración institucional e información destinadas a los ayuntamientos, a la ciudadanía y al resto de entidades interesadas.

Un ejemplo de estas iniciativas es la red de información provincial de proyectos eólicos, que permite que antes de proceder a la exposición pública de los proyectos priorizados, se pueda dar información de primera mano a los ayuntamientos en los que se hayan previsto implantar. Además, el Gobierno gallego preparó una guía divulgativa de la tramitación de un proyecto eólico que se puede encontrar en la web de la Vicepresidencia segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación, con el ánimo de mejorar la información a los ciudadanos sobre el proceso de tramitación de los parques eólicos.

En este sentido, se puso en marcha una oficina de información a propietarios de terrenos para facilitarles la información precisa sobre el método y los criterios de valoración de los terrenos afectados, así como la normativa aplicable para la clasificación y cualificación del suelo –se puede contactar con este servicio a través del teléfono 881 122 908 o en el correo infoeolicos-propietarios.enerxia@xunta.gal–.

Agilidad en la administración

En la reunión de hoy, Francisco Conde también hizo referencia a la nueva Ley de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia, que entró en vigor este año para que los ayuntamientos puedan agilizar la aprobación de licencias con las mismas garantías jurídicas y técnicas a través de las entidades de certificación de conformidad municipal (ECCOM), favoreciendo así la liberación de carga administrativa.

La norma establece un plazo general de tres meses para emitir informes vinculados a la Administración autonómica; aplica el silencio administrativo positivo; amplía los supuestos de iniciativas empresariales prioritarias y proyectos industriales estratégicos teniendo en cuenta las propuestas que sean seleccionadas para optar a los fondos europeos; y recoge esta figura para los proyectos de generación eléctrica a partir de renovables cuando estén vinculados al autoconsumo industrial.