La Xunta destaca que la aplicación de la Ley de recuperación de la tierra agraria es una oportunidad para crear empleo y riqueza en Galicia

La aplicación de la Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia representa una clara oportunidad para fomentar la creación de riqueza y empleo en nuestra comunidad autónoma. Así lo destacó esta mañana la directora general de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, Inés Santé, durante su intervención en la jornada “El medio rural: una alternativa con futuro”, organizada por el Consejo Económico y Social (CES) de Galicia. Santé desgranó los principales retos y oportunidades que se presentan para el campo en la actualidad y explicó al por menor el contenido y alcance de la Ley de recuperación, como palanca de desarrollo del rural gallego.

Sobre el impacto que la ley puede tener en la creación de puestos de trabajo y en la generación de riqueza, la directora general recordó los datos de un informe elaborado por la Universidad de Vigo alrededor de la estimación que tendría la puesta en valor de tierras abandonadas aptas para cultivos y prados. En este sentido, destacó que, de acuerdo con este estudio, la movilización de algo más de medio millón de hectáreas de terreno en desuso podría suponer la creación de más de 15.000 empleos (directos e inducidos) y tendría un impacto –directo e indirecto– sobre la economía gallega que se estima por encima de los 1.000 millones de euros.

Retos y oportunidades para el rural

De cara al futuro del rural, Inés Santé fijó como retos –además de la gestión de la pandemia– la transición ecológica, energética y la digitalización, así como el Pacto Verde europeo, las estrategias “da Granxa á Mesa”, sobre Biodiversidad 2030 y forestal y situó como oportunidades a propia norma de recuperación de la tierra, la innovación y la tecnología y la nueva PAC como fórmula para avanzar en nuevas estrategias de desarrollo local.

En relación con la Ley de recuperación, Santé señaló que esta norma propone, entre otras medidas, la ordenación y planificación del territorio rural, a través de la investigación de la titularidad de las tierras y la puesta en marcha de un catálogo de suelos agropecuarios y forestales y de un mapa de sus usos. Asimismo, establece procedimientos para movilizar la tierra, herramientas de intermediación para recuperar predios abandonados y prevenir ese desuso (mediante el impulso al Banco de tierras y la creación del de explotaciones) y nuevos instrumentos para recuperar tierra, como son las aldeas modelo, los polígonos agroforestales y las agrupaciones de gestión conjunta.

Aldeas inteligentes

A continuación, la directora general matizó cada uno de estos aspectos, con especial atención a las nuevas herramientas creadas por la ley. En este sentido, señaló por ejemplo que las aldeas modelo encajan en el concepto europeo de Smart “Villages”, ya que ambos instrumentos buscan conseguir un territorio rural inteligente a través de la creación de una red de núcleos que potencien los grandes valores de estas áreas y proporcionen a los actores locales las utilidades para aprovechar ese potencial.

En esta misma línea, Inés Santé se centró en retos como lo de la digitalización, las soluciones tecnológicas para la bioeconomía en aldeas, la sostenibilidad y la economía circular de la producción agraria en aldeas modelo y la construcción y urbanización sostenible en estos núcleos rurales. Por último, la directora general incidió en la oportunidad que ofrece la nueva Política Agrícola Común de la UE para impulsar nuevas estrategias de desarrollo local de los grupos de desarrollo rural (GDRs).

Cadena forestal-madera

En el encuentro también participó el director de la Agencia Gallega de la Industria Forestal, Ignacio Lema, quien remarcó el peso de la cadena forestal-madera en la economía gallega, con un peso del 1,8% del producto interior bruto (PIB) y con una importante implantación de la industria forestal en la mayor parte del territorio.

En este contexto, presentó a los participantes las diferentes actuaciones para impulsar esta industria activadas por la Xunta en ámbitos como la formación, la innovación y la competitividad o el fomento de la utilización de la madera en ámbitos como la construcción.