La Xunta destaca el deber del Gobierno de España de revisar sus acuerdos con Audasa ante los dictámenes que alertan de los excesivos beneficios de la concesionaria y cuestionan los incrementos de los peajes

La Xunta de Galicia señaló hoy como un deber del Gobierno de España revisar sus acuerdos con Audasa, a la vista de los diferentes dictámenes y pronunciamientos que cuestionan los incrementos de los peajes y alertan de los excesivos beneficios de la concesionaria.

La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, junto con el director de la Agencia Gallega de Infraestructuras, Francisco Menéndez, mantuvo hoy un encuentro con el presidente de En Colectivo, Diego Maraña, y otros representantes de la asociación.

En la reunión, la conselleira trasladó que la Xunta espera que el Ejecutivo central tome medidas después de trasladarle el informe emitido recientemente por la Comisión Gallega de la Competencia sobre las compensaciones acordadas con Audasa por la financiación de las obras de ampliación de la capacidad de la autopista en los accesos a Santiago y a Vigo.

Ese informe concluye que las compensaciones establecidas por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero año 2011, y ratificadas luego por el actual Ejecutivo en el año 2018, son “excesivas” ye incluso pueden constituir “ayudas de Estado” a la concesionaria.

El Gobierno gallego remitió también al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el dictamen emitido en 2020 por el Consello Consultivo de Galicia al respecto de las compensaciones acordadas por las obras de ampliación de la AP-9.

A ese respecto, el organismo considera que las subidas de peaje acumulativas autorizadas a la concesionaria para sufragar las obras en la infraestructura son “nulas de pleno derecho”.

La conselleira recordó que las actuaciones de ampliación de la capacidad de la AP-9 supusieron una inversión de Audasa de aproximadamente 230 M€ pero las compensaciones autorizadas a la concesionaria por estas obras tienen un importe que superan los 1.400 M€.

El Gobierno gallego informó, también, de que el Consejo de Estado dictaminó en el año 2017 que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España, también bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, la Xunta de Galicia, en la etapa del Bipartito, y Audasa, para la liberación del peaje de Rande y A Barcala, había supuesto un “enriquecimiento injusto” para la concesionaria.

En relación con el procedimiento abierto por la Unión Europea, la Xunta apuntó que el Gobierno de España debe clarificar su postura sobre las condiciones jurídicas en las que se produjeron las prórrogas de la concesión de la AP-9.

La Xunta reiteró que los diferentes pronunciamientos de las instituciones sitúan al Ejecutivo central ante el deber de adoptar medidas para revisar los beneficios de la concesionaria y defender los intereses de los usuarios de la autopista.

Ethel Vázquez apuntó, además, que las bonificaciones de los peajes implantados están íntegramente sufragadas por los Presupuestos Generales del Estado, por lo que todo el esfuerzo de las bonificaciones se hace con cargo a dinero públicos y sin implicar, en ningún caso, a la concesionaria.

Finalmente, la Xunta trasladó su preocupación por el impacto que tendrá en Galicia el sistema de pago por kilómetro recorrido que el Gobierno de España prevé implantar en las autovías.