La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda intervino esta mañana en el Pleno del Parlamento

Ángeles Vázquez destaca que la Xunta apoya a los ayuntamientos en la gestión de los biorresiduos en línea con los plazos de la directiva europea

Ángeles Vázquez denuncia que el horizonte marcado por el Gobierno central, enero de 2022, reduce en dos años a fecha que fijó la Unión Europea a las administraciones locales para implantar el contenedor marrón

Defiende las políticas y medidas en materia de residuos del Gobierno gallego, que piensa en los ciudadanos y ayuda a los ayuntamientos, frente al modelo del Ejecutivo estatal que implica “más impuestos a la ciudadanía y más trabas”
 

Santiago de Compostela, 11 de noviembre de 2021

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, aclaró esta mañana que el Gobierno gallego tiene una hoja de ruta “objetiva y operativa” para apoyar a los ayuntamientos y colaborar con ellos en la gestión de los biorresiduos, siempre “en línea con los plazos de la directiva europea”.

Ángeles Vázquez, en su intervención en el Pleno del Parlamento, recordó que la Unión Europea fijo que las administraciones locales deben implantar el quinto contenedor antes de 31 de diciembre de 2023 y así se recoge en la Ley de residuos de Galicia.

No obstante, se trata de un horizonte que “no convence al Gobierno estatal, al fijar enero de 2022 en su anteproyecto de Ley” y, por lo tanto, marcando fechas más restrictivas en una norma que, como señaló, ”aun es un borrador”.

En este sentido, la conselleira lamentó que la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) “se alegre” de una “supuesta” ampliación de este plazo hasta junio de 2022, cuando lo que realmente sucede es que están reduciendo en un año y medio el período que marcó Europa. Así, argumentó que estas afirmaciones solo dejan ver que este tipo de decisiones se anuncian “sin tener en cuenta a realidad y las capacidades de los ayuntamientos”, que son las administraciones que tienen que replantear sus contratos.

La conselleira destacó que el Gobierno gallego no solo conoce esa realidad, sino que lleva años definiendo recursos y medidas para ampliar la capacidad de quien tendrá que implantar este nuevo contenedor: los municipios.

Este trabajo consiguió uno de sus primeros hitos con la aprobación de la Ley de residuos, que apuesta por la reducción del desperdicio alimentario y del plástico, y recientemente sumó un nuevo impulso, con la presentación de la Estrategia gallega de biorresiduos y residuos municipales 2022-2023. Recordó que está dotada de 60 millones de euros para completar la red de infraestructuras necesarias, con la que garantizar que los ayuntamientos dispongan de una planta de biorresiduos o una planta de transferencia a menos de 50 km de distancia.

En definitiva, la Xunta, con sus políticas en materia de residuos, piensa en las familias gallegas y en los municipios, que verán reducido un año más el canon de Sogama para el año 2022 y esto supondrá un ahorro de casi 9 millones de euros, mientras que el Gobierno central aplica “más impuestos a la ciudadanía y la más trabas a las administraciones locales”.

El modelo Sogama cómo referente

Asimismo, Ángeles Vázquez afirmó que, por este tipo de decisiones y medidas, el modelo de gestión de residuos de la Xunta —Sogama— es un referente en España y Europa “al que están adheridos en Galicia ayuntamientos de todos los colores políticos”; el que también sitúa la Comunidad como región referente en la lucha frente al cambio climático.

Subrayó que esta posición acaba de ratificarse en Glasgow, con la presencia en la COP26 y donde también se reafirmó la adhesión de la Comunidad a la Memoria de Entendimiento Under2 2021, una presencia que permite decir que “Galicia va muy por delante y lleva años materializando las declaraciones y objetivos en acciones y medidas” para mitigar los efectos del cambio climático.

En ese sentido, indicó que el paso adelante de este pasado fin de semana es el mejor pilar para seguir trabajando en esa senda, y ser parte positiva en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, con el objetivo de contribuir a mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de los 2ºC al final de este siglo, pero con el objetivo de que no supere los 1,5ºC en la medida de lo posible.
 

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