La Xunta incrementa en un 15% las compensaciones económicas destinadas a la asistencia jurídica gratuita

El vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, mantuvo esta mañana una reunión con la presidenta del Consejo de la Abogacía Gallega, Pilar López-Guerrero, donde le avanzó los nuevos baremos

El Gobierno gallego da continuidad así a su compromiso con este servicio fundamental, una apuesta que se refleja en los presupuestos de 2022, en los que la partida destinada a este fin alcanza los 13,3M€

Santiago de Compostela, 2 de noviembre de 2021

La Xunta incrementará de promedio en un 15% las compensaciones económicas destinadas a abogados y procuradores por las actuaciones de sus colegiados en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, tal y como avanzó hoy el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, a la presidenta del Consejo de la Abogacía Gallega, Pilar López-Guerrero.
La Xunta reafirma el compromiso con la asistencia jurídica gratuita, una apuesta gracias a la que Galicia se sitúa actualmente entre los primeros puestos de España en el referente a las compensaciones a los profesionales del turno de oficio. Precisamente, este compromiso ya se reflejó en los presupuestos de 2022, con una partida de 13,3 millones de euros específica para la asistencia jurídica gratuita.
El Gobierno Gallego continúa avanzando así en la mejora de la asistencia jurídica gratuita, un servicio fundamental para garantizar la igualdad de acceso a la Justicia de toda la ciudadanía. Las nuevas cuantías estarán vigentes desde el cuarto trimestre de 2021 con un horizonte temporal de 4 años.
En lo relativo a los abogados, supone un incremento del 15 % en los baremos que perciben por atender el turno de oficio. Además de esto, incluye un incremento en base al IPC gallego en la última anualidad. Las mejoras suponen el incremento de las cuantías en todos los procedimientos, además de que también amplía la compensación a nuevos conceptos antes no contemplados.

Entre estos avances destaca incluso una subida alrededor del 40% en los procesos sobre la adopción de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad y en los procesos de medidas en materia de familia, y también un incremento económico salientable en las cuantías que perciben los letrados en la asistencia a la orden de protección en los casos de violencia de género y doméstica.

Imágenes relacionadas