Galicia, Castilla y León, Cantabria y Asturias crean el grupo de trabajo del lobo ibérico en el noroeste de la península ibérica para elaborar su propia estrategia

Galicia, Castilla y León, Cantabria y Asturias anunciaron hoy la creación del Grupo de trabajo del lobo ibérico en el noroeste de la Península Ibérica, con el fin de elaborar su propia estrategia de gestión de la especie.

Entre sus objetivos a corto plazo también estarán el de servir de punto de encuentro para la emisión de criterios científico-técnicos, la puesta en común de muchas décadas de experiencia y, sobre todo, la creación de un censo coordinado y realizado por científicos de primera orden “como primer paso necesario antes de efectuar cualquier medida”.

Así lo anunciaron esta mañana la directora general de Patrimonio Natural de la Xunta, Belén do Campo, y sus homólogos de las cuatro comunidades, después de participar en León en una reunión para abordar la gestión de esta especie y tras enviar una carta al director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica, Jorge Marquínez.

Además, Belén do Campo también anunció la decisión de las comunidades al norte del Duero de abandonar el grupo de trabajo tutelado por el Ministerio para la Transición Ecológica que elaboró el borrador de la nueva estrategia estatal, por “no contar con el personal técnico de las regiones que albergan y gestionan el 95% de la especie” y por “dar carta de naturaleza a un trabajo que no se ajusta a unos mínimos criterios científicos exigibles”.

La hoja de ruta que propone el Ministerio es, según expuso la directora general gallega, “inflexible e invariable”, además de rechazar su “opinión, experiencia y competencia”. “Está realizada sin rigor, sin consenso y sin ajustarse a la realidad”, dijo.

Galicia, junto con las otras tres comunidades, defiende esta postura después de analizar el contenido del borrador de la estrategia, remitido este mismo mes desde lo Gobierno central a los miembros del Comité de Flora y Fauna.

Del Campo indicó que “el Ministerio sigue actuando de manera unilateral, con un guión predeterminado e inamovible, e intentando anular las competencias de las comunidades”, por lo que reiteró el “rechazo“ de la Consellería al contenido de la estrategia; “y así solicitaremos que conste en todos los documentos y actas”, dijo.

Argumentó que esta falta de diálogo, trabajo y cooperación queda manifiesta cuando —una vez más— el Estado se niega a facilitar información al respecto de los expertos y científicos que asesoran al Ministerio, y de su contribución en la elaboración del dicho documento. “Una información que se nos niega por activa y por pasiva, a pesar de haberlo solicitado por todas las vías posibles”, destacó.

Una orden sin memoria económica plurianual

Otra de las cuestiones de las que adolece la estrategia, señalada por las comunidades, es una memoria económica plurianual, por lo que se desconoce la inversión que en los próximos años dispondrá el Gobierno para compensar los daños a los sectores económicos afectados. En ese sentido, Belén do Campo indicó que en el caso de Galicia la única partida económica que permitirá compensar los daños que provoque el lobo al sector ganadero será por el momento la que acerque el Gobierno gallego.

En el año 2022, la Xunta doblará el presupuesto para las ayudas de prevención de los ataques de fauna silvestre (900.000 €) y destinará 2,1 millones de euros a paliar los daños, para un total de 3 millones de euros en subvenciones, a pesar de la “inseguridad jurídica” provocada por el nuevo estatus del lobo ibérico.

Un vez más las cuatro regiones al norte del Duero solicitaron capacidad de reflexión a los responsables del Ministerio, sobre todo toda vez que esta estrategia nace en un marco legal inestable por dos motivos. El primero, la falta de consenso entre las administraciones, que obligó a las cuatro regiones a presentar un recurso ante la Audiencia Nacional contra la orden por la que se incluye el lobo en el Lesrpe. El segundo es que parte de una premisa incorrecta, pues considera que el estado de conservación de la especie en la región biográfica atlántica es desfavorable, lo que denota que no se tuvieron en cuenta los datos facilitados por las comunidades, que indican todo lo contrario.