Vilamarín se convierte en el primer ayuntamiento gallego en asumir el compromiso de neutralidad climática en 2050

Acaba de adherirse al Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía, lo que implica aceptar los nuevos objetivos fijados en julio por la Unión Europea en la materia

Este hito acontece en vísperas del Día frente al Cambio Climático, que se conmemora mañana en todo el mundo

Santiago de Compostela, 23 de octubre de 2021

El ayuntamiento ourensano de Vilamarín acaba de adherirse al Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía, convirtiéndose de este modo en el primero de Galicia y en el séptimo en toda España en asumir como propios los nuevos objetivos de la UE en la materia anunciados en el mes de julio y que implican, entre otros, la consecución de la neutralidad climática en el año 2050.

Con esta nueva adhesión —en vísperas del Día Mundial contra el Cambio Climático, que se conmemora este domingo 24 de octubre— son ya 273 los municipios gallegos que forman parte del Pacto, una iniciativa impulsada por la Comisión Europea en 2008 y que se convirtió en el mayor movimiento internacional para buscar sinergias entre las distintas administraciones ante el cambio climático, con una mención especial a la labor de los ayuntamientos por la relación directa que tienen con los ciudadanos.

El Gobierno gallego trabaja como coordinador de este movimiento en la comunidad desde 2017, con la convicción de que los retos climáticos globales deben afrontarse desde las localidades y las ciudades de manera unida y partiendo de la premisa “pensar global, actuar local”. Bajo su coordinación el Pacto recibió un impulso importante en Galicia, ya que el 91,6% de las adhesiones —un total de 250 ayuntamientos— se produjeron en los últimos cinco años.

Teniendo en cuenta las diferentes etapas de transición en las que se encuentran los estados y regiones miembros, y que cada uno de ellos cuenta con diferentes recursos propios para dar respuesta a las ambiciones establecidas en el acuerdo de París, el Pacto de las Alcaldías establece que los objetivos de reducción de emisiones a conseguir en el horizonte de 2030 y 2050 deberán ser, cuanto menos, tan ambiciosos como los objetivos nacionales.

En este sentido, hace falta recordar que el llamado Objetivo 55 —un nuevo paquete de medidas publicado por la Comisión Europea el pasado 14 de julio— incluye toda una serie de propuestas legislativas en materia de clima, energía y transporte con el fin de traducir en acciones el objetivo asumido por la UE de reducir las emisiones en un 55% de aquí a 2030 y lograr emisiones netas 0 en el horizonte del año 2050.

Como ayuntamiento firmante del Pacto de las Alcaldías, Vilamarín deberá hacer propios estos objetivos por medio de la adaptación de medidas de eficiencia energética y de un mayor uso de fuentes de energía renovables.

Al mismo tiempo, también tendrá que trabajar en la implantación de medidas de adaptación al cambio climático y en el aumento de la resiliencia frente a este, así como en el refuerzo de la cooperación con las autoridades locales y regionales en la UE y fuera de ella, para mejorar el acceso a la energía segura, sostenible y asequible.

Compromiso de la Xunta con la lucha contra el cambio climático

La apuesta de la Xunta por la lucha contra el cambio climático se plasmó hace años en la creación de un departamento específico para canalizar todo el trabajo relacionado con este fenómeno —la actual Dirección General de Calidad Ambiental, Sostenibilidad y Cambio Climático— e incorporándolo a sus políticas de forma transversal.

De hecho, en los presupuestos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda del año que viene este departamento dispondrá de un total de 60,3 millones de euros, lo que supone un 12% más que el año anterior.

Uno de los ejes principales en los que se centrarán las inversiones de esta Dirección General el próximo año será la Estrategia gallega de biorresiduos y residuos municipales 2022-2023 —en la que también participa Sogama— presentada esta semana ante el Consello de la Xunta y con una inversión prevista de más de 60 millones de euros durante sus dos años de vigencia.