Gabriel Alén repasa con los empresarios de San Cibrao las recientes inversiones de la Xunta en este área empresarial

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, mantuvo esta mañana una reunión con el presidente de la Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao, José Antonio Rodríguez y parte de su equipo para hacer repaso de las últimas actuaciones desarrolladas por el Gobierno autonómico en este área empresarial.

El delegado territorial le trasladó, entre otras actuaciones, que la Xunta licitará este año las obras para la construcción en el polígono empresarial de un tanque de tormentas, cuyo proyecto se está redactando en estos momentos. Así, indicó que el Gobierno gallego invertirá cerca de 300.000 euros en esta infraestructura, con la que responderá a una “histórica y vieja demanda” de los empresarios afincados en esta superficie empresarial.

Por otra parte, Gabriel Alén le recordó que a finales del mes de julio, el consejo de administración de Xestur autorizó la licitación del contrato para la redacción de la modificación del plan parcial y la redacción del proyecto de urbanización de la ampliación del Parque Tecnológico por un importe de casi 154.000 euros; y que además fueron atendidas todas las demandas presentadas en cuanto a la modificación de las rutas y paradas de autobús para ajustarse a las necesidades de trabajadores y visitantes.

Así, recalcó el delegado territorial, “se avanza un paso más en la creación de suelo empresarial al sur de Galicia, un objetivo en el que espera contar con la colaboración del Ayuntamiento, ya que es la entidad que debe tramitar la modificación del plan parcial y del proyecto de urbanización”.

El representante del Gobierno gallego les informó también que los criterios impuestos por el Gobierno de España para los fondos Next Generation de Movilidad impiden que se pueda avanzar con mayor intensidad en proyectos estratégicos como la prolongación del acceso al polígono de San Cibrao y a la Ciudad del Transporte desde la A-52, al primar las inversiones en los municipios de más de 50.000 habitantes y establecer condiciones de difícil cumplimiento para los de más de 20.000, dejando al margen dieras inversiones a los municipios más pequeños.