Galicia presenta un recurso ante la Audiencia Nacional frente a una orden ministerial de protección del lobo repleta de incoherencias

La Xunta de Galicia presentó hoy un recurso ante la Audiencia Nacional para solicitar al Gobierno central que paralice la inclusión del lobo ibérico en el Listado de especies silvestres de protección especial (Lesrpe), en vigor desde hace justo una semana.

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, participó esta mañana en Santander en una reunión de coordinación con el conselleiro de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el conselleiro de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco; el conselleiro de Desarrollo Rural de Asturias, Alejandro Calvo; y los directores generales del ramo en cada comunidad —en el caso de Galicia, la directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo—. Además, estuvo durante una parte de la reunión el presidente de la Comunidad anfitriona, Miguel Ángel Revilla.

También estuvieron representadas las organizaciones agrarias nacionales, por las que intervinieron el presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato; el secretario general de UPA, Román Santalla; y la responsable de ganadería de COAG, Charo Redondeo.

Después de la reunión tuvo lugar una rueda de prensa, en la que la conselleira de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia pidió “justicia y coherencia” al Gobierno central después de crear una situación incómoda a cuatro comunidades que ocupan casi el 28% del territorio nacional, en las que habitan cerca de 7 millones de españoles y, sobre todo, en las que se gestiona el 95% de la especie presente en el Estado.

De este modo, Ángeles Vázquez anunció que la Asesoría Jurídica General de la Xunta, junto con las de las otras comunidades loberas, ya iniciaron la tramitación necesaria para intentar frenar judicialmente la Orden ministerial. De hecho, precisó que Galicia presentó esta mañana un recurso contencioso-administrativo contra a misma y solicitó su suspensión cautelar hasta que exista una sentencia firme por parte de los tribunales.

Asimismo, los conselleiros anunciaron que solicitarán una entrevista con el comisario europeo para el Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, que la semana pasada visitó Galicia, toda vez que también se vulneró la normativa comunitaria.

La Xunta, según subrayó la conselleira, quiere demostrar con el recurso que la Orden “está repleta de incoherencias”. En primer lugar, señaló la falta “de motivación científica” toda vez que es un hecho inédito que se incluya un mamífero en el Listado “en base a opiniones subjetivas” y cuando el Consejo de Estado también transmitió que era “ciertamente discutible”. “El valor cultural de la especie, como tal, ya estaba reconocido, y, además, disfruta de un estado de conservación favorable en nuestra Comunidad”, explicó.

En segundo lugar, considera que la tesis del Ministerio para la Transición Ecológica de que prohibir el control del lobo al norte del Duero va a implicar automáticamente que la especie se desplace al sur “es, sin duda, una teoría dudosa y sin fundamento científico en el que apoyarse”.

Responsabilidad de las ayudas
A continuación, hizo hincapié en que se trata de una Orden ministerial sin previsión económica —únicamente 25.000 euros—, cuando, como señala el Consejo de Estado en su dictamen, “va a tener un grande impacto económico y presupuestario”.

De hecho, después “de varios días de contradicciones” en las opiniones de los miembros del Gobierno central en esta cuestión, la Xunta recibió ayer el borrador de la Estrategia estatal del lobo, en la que ”se ve que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Agricultura se borraron de responsabilizarse de las ayudas cuando sí lo habían contemplado”, tal y como se aprecia bajo un párrafo riscado.

Por último, Ángeles Vázquez también señaló la necesidad de un período transitorio, cuestión que no fue atendida, y que los criterios que tienen los ganaderos a partir de ahora para solicitar medidas son complejos e inasumibles para ellos.

“Son sobrados los motivos por los que las comunidades autónomas vamos a recurrir. Queda un camino ancho, pero en el que confiamos en la justicia. Esperamos conseguir las medidas cautelares y, así, poder seguir haciendo esa gestión que es la que nos pide el territorio, por el bien del lobo, por el bien del resto de las especies, pero también por el bien de los ganaderos”, concluyó la conselleira.

Unidos en la defensa del territorio y de la forma de vida

Por su parte, el conselleiro de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, destacó que cuatro gobierno de todo el arco político siguen unidos en la defensa de su territorio y de su forma de vida. Además, abundó en “que se trata de la primera vez en la democracia que se finaliza con el consenso en lo relativo a la fauna silvestre”.

Mientras, el conselleiro de Cantabria, Guillermo Blanco, apuntó que hoy “se revalidó la coordinación” entre las comunidades y con las organizaciones agrarias, y que “la oposición no hizo más que empezar”. “Las declaraciones de la ministra aludiendo a una falta de diálogo con las comunidades autónomas resultan indignantes”, dijo.

Por último, el conselleiro de Asturias, Alejandro Calvo, señaló que las comunidades “tienen razón, documentación y fundamentos científicos y, sobre todo, una visión global de su responsabilidad en el territorio”. “Si la gente del rural siente que no se le tiene en cuenta en las políticas que les afectan, tenemos un grave problema, y nosotros no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo”, añadió.

En cuanto a las organizaciones nacionales agrarias, las cuales anunciaron que también presentarán un recurso, coincidieron en que se sienten “muy decepcionadas” y engañadas con un Gobierno central “que da la espalda al mundo agrario y al mundo rural”. “No se puede hablar de la España vaciada si son ellos los que nos están vaciando”, subrayaron.