La conselleira de Medio Ambiente respondió esta mañana las preguntas de los grupos en el Parlamento de Galicia

Ángeles Vázquez celebra que la confederación hidrográfica del Miño-Sil y el Gobierno central reconociesen por fin sus responsabilidades en el vaciado de los embalses

La Consellería de Medio Ambiente recibió respuesta a la misiva enviada el 25 de agosto a la ministra para la Transición Ecológica y al presidente de la CHMS, que ahora afirman que tienen competencias y admiten la existencia del problema

Vázquez Mejuto destaca que “la actuación de la Xunta ante este vaciamiento injustificado e irresponsable fue rápida, contundente e integral”, mientras que la Confederación no solo actuó por la puerta de atrás, saltándose el procedimiento legal, sino que también se puso de perfil

Santiago de Compostela, 15 de septiembre de 2021

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, celebra que por fin la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y el Gobierno central reconozcan por escrito sus responsabilidades en el vaciado de los embalses.Así lo aseguró durante su intervención en el Pleno del Parlamento, donde señaló que tanto la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, como el presidente de la presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, José Antonio Quiroga, respondieron a la carta que les envió el 25 de agosto junto a la conselleira de Infraestructuras y Movilidad. En la misiva recibida, Ribera y Quiroga admiten que las responsabilidades en esta materia corresponden al Gobierno central y en ningún momento afirman que limitar el vaciamiento de un embalse de esa cuenca sea competencia de un organismo autonómico.

Así, Vázquez Mejuto destacó que la ministra fue el primer miembro del Gobierno central en admitir la existencia de un problema y su responsabilidad. En la carta, también reconoce que con la normativa estatal de aguas en la mano, los presidentes de las demarcaciones hidrográficas pueden evitar el vaciamiento de los embalses; es decir, “el Gobierno central reconoce que la normativa actual permite al actual presidente de la cuenca Miño-Sil, José Antonio Quiroga, aplicar la ley y limitar vaciamientos de este tipo”, insistió.

En cuanto a la respuesta del presidente de la CHMS, recibida esta misma mañana, la conselleira dijo que este reconoce que la Confederación permite vaciamientos de este tipo, que no aplicó el artículo 55 de la Ley estatal de Aguas y que su propio Gobierno reformará esta normativa.

En ese sentido, insistió en que la única administración competente en el vaciado de los embalses es el Gobierno central, a través de la CHMS, “esa es la única verdad, reconocida por dos vicepresidentas y por el propio presidente de la Confederación esta misma mañana”, una actitud que contrasta con la mantenida en las últimas semanas en las que solicitó explicaciones a la Xunta –cuando las competencias se reducen al patrimonio natural-, “a tirar balones fuera, ponerse de perfil y no actuar, a pesar de tratarse de *embalses de su demarcación”.

Contundencia para depurar responsabilidades

La conselleira de Medio Ambiente indicó que el Gobierno gallego no puede mirar hacia otro lado ante el vaciado injustificado e irresponsable de los embalses, que pusieron en riesgo la fauna y flora que habita en esas masas de agua, aprovechamientos pesqueros y mismo la extinción de incendios en esa zona.

“El hecho de poner en peligro a riqueza y la biodiversidad de los gallegos exige la toma de medidas y el compromiso de llegar hasta el final para depurar las posibles responsabilidades”, derivadas de situar las reservas de agua en algunos casos en menos del 15% y en mínimos históricos de las últimas dos décadas, sentenció. Añadió que “la actuación de la Xunta ante este vaciamiento injustificado e irresponsable fue rápida, contundente e integral”, mientras que la Confederación “actuó por la puerta de atrás, saltándose el procedimiento legal”.

Por ese motivo –advirtió-, tanto el organismo responsable de la demarcación como las empresas concesionarias de estos embalses hidroeléctricos, deberán asumir las consecuencias que se deriven de la apertura de los expedientes sancionadores, que se tramitan al amparo de la Ley de pesca fluvial, ante la falta de comunicación oficial tal y como recoge el artículo 83, y de la Ley de patrimonio natural, que prevé sanciones por importe de hasta 2 millones de euros, por los daños producidos, que se están estudiando y evaluando como indicó el personal instructor.

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