Ángeles Vázquez subraya "la deslealtad institucional y el desprecio a las competencias autonómicas" del Gobierno central en el vaciado de los embalses

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, después de que su departamento había abierto expediente sancionador a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y a las concesionarias de cuatro embalses gallegos por su vaciamiento, quiso subrayar hoy “la deslealtad institucional y el desprecio a las competencias autonómicas” del Gobierno central.

“La Confederación Hidrográfica demostró una gran deslealtad institucional con las competencias de Galicia, con sus ríos y con su riqueza piscícola”, señala Ángeles Vázquez. Así, hace hincapié en que el órgano estatal “prescindió y no aplicó la normativa gallega de pesca fluvial que regula la intervención de la Consellería para que los vaciamientos de los embalses no causen daños a la fauna”, una norma autonómica que, por su parte, “sí respeta totalmente las atribuciones de la Confederación”.

Prueba de ese respeto institucional, apunta, es que el artículo 83 del reglamento no establece una autorización previa de la Consellería a los concesionarios de forma independiente del órgano estatal —normativa que sería inconstitucional—, si no que regula una intervención coordinada con el Gobierno central para señalar las medidas que deben cumplirse en el ámbito de la concesión, cumpliendo así la doctrina del Tribunal Constitucional.

Con pleno respeto al Constitucional, el reglamento gallego dispone que son los propios órganos hidrográficos competentes para conceder el aprovechamiento de un río quien debe trasladar a la Administración autonómica las previsiones de vaciamiento de la concesionaria, para que así la Consellería de Medio Ambiente pueda determinar y comunicar al ente de cuenca las medidas imprescindibles para proteger la vida piscícola en el contexto de la correspondiente concesión hidráulica.

“La normativa gallega concilia de este modo el respeto a las competencias estalles con la protección de la riqueza piscícola de la Comunidad, pero la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, en un claro ejemplo de dejadez institucional, dejó de aplicar la dicha regulación con el objeto de impedir que se habían podido ejercer las atribuciones autonómicas de protección animal”, abunda Ángeles Vázquez.

La conselleira recuerda que la Confederación “permitió que las concesionarias vaciaran los embalses, obviando la preceptiva notificación de los mismos y sin esperar y aplicar las medidas protectoras que hizo el órgano autonómico”.

Recurso a la Ley de pesca continental

Precisamente, segundo recordó, “se trata de una actitud a la que ya ha acostumbrado el Gobierno central a Galicia”, pues este mismo año el Ministerio para la Transición Ecológica inició el camino para declarar inconstitucional a Ley 2/2021 de pesca continental de Galicia, por no estar de acuerdo —entre otros puntos— con que la Consellería de Medio Ambiente ejerciera sus competencias autonómicas de protección de las poblaciones piscícolas en relación con las concesiones hidráulicas estatales —artículo 12.6—.

El Gobierno central discutía que en las cuencas de competencia estatal, la Comunidad la había podido emitir informes valorando las actuaciones en los ríos que habían podido afectar al patrimonio natural de la competencia autonómica. “Es decir, el Ministerio quería negar a la Consellería a facultad de emitir su criterio vía informe al respeto. Quieren las competencias para no ejercerlas o ejercerlas en función de sus intereses”, resume Vázquez Mejuto.

No obstante, esa pretensión de inconstitucionalidad no pudo prosperar al trasladar la Comunidad gallega una “sólida y fundamentada” doctrina del Tribunal Constitucional que el Ministerio se vio forzado a reconocer.

Expedientes sancionadores frente al “abandono” del Gobierno central

Hace falta recordar que la Consellería de Medio Ambiente viene de abrir expedientes sancionadores tanto a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil cómo a las empresas concesionarias de los cuatro embalses de la provincia de Lugo y Ourense —Cenza, Las Puertas, Salas y Belesar— en los que se efectuaron vaciamientos susceptibles de afectar a la fauna piscícola.

El objetivo principal de la Xunta, que impone en todos los casos a sanción máxima prevista en la ley, fue en todo momento depurar responsabilidades por esta acción llevada a cabo sin autorización, sin esperar por las medidas necesarias y, por lo tanto, sin garantizar que su ejecución había podido perjudicar a las poblaciones existentes en esa masa de agua.

Asimismo, Medio Ambiente ordenó inspecciones periódicas de sus agentes en esas zonas, que a día de hoy se siguen realizando, con el fin de hacer un seguimiento continuo sobre la flora y fauna y verificar que se respeta el caudal ecológico establecido.

Por su parte, “la actitud del Gobierno central es de abandono”, dice Vázquez Mejuto, toda vez que “anunciaron una investigación y, por el momento, no hay noticia alguna al respeto ni nada materialmente ejecutado”.

“La Administración autonómica bota en falta una mayor vigilancia por parte del Ministerio y de la Confederación Hidrográfica nos sus embalses y, al mismo tiempo, una explicación de la situación, que no nos dieron a nosotros ni tampoco a los ayuntamientos”, subraya.

De hecho, la apertura de los expedientes sancionadores se produjo después de las cartas remitidas el pasado 25 de agosto con relación la estos hechos por las conselleiras de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda y de Infraestructuras y Movilidad al presidente de la CHMS y a la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dos misivas que, a día de hoy, siguen sin tener una respuesta oficial.