La Xunta emplaza al Ayuntamiento de Viveiro a sumar esfuerzos dentro del frente común impulsado para que el Gobierno central retire la orden del lobo

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, se reunió esta tarde con la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, para hablar de los daños ocasionados en este ayuntamiento por los ataques protagonizados por lobos y las posibles soluciones a adoptar frente al problema.

En este sentido y tras recordar que la futura gestión de la especie depende de la orden que tramita el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miterd), la conselleira emplazó a la regidora a sumar esfuerzos dentro del frente común que lideran desde hace meses Galicia, Asturias, Castilla y León y Cantabria con el objetivo de lograr que el Gobierno central rectifique y dé marcha atrás en este asunto.

Tal y como le trasladó la conselleira, la finalidad de la dicha orden es incrementar el actual nivel de protección del lobo ibérico, lo que impediría en la práctica cualquier acción de control cinegético sobre a misma y solo “empeorará la situación actual” en comarcas como A Mariña, una de las más afectadas en la Comunidad por los ataques de esta especie.

En este sentido, Ángeles Vázquez aseguró que comparte la preocupación de los vecinos de Viveiro y de la propia alcaldesa, razón por la que su departamento lleva años convocando de forma periódica sucesivas órdenes de ayudas dirigidas tanto a prevenir los daños causados por el lobo, como a paliar e indemnizar a los afectados por sus eventuales ataques.

Sin embargo, insistió en que se el Gobierno central “sigue ignorando” la opinión de las comunidades loberas, que aglutinan el 95% de los ejemplares de esta especie y llevan años gestionando en solitario estas poblaciones para garantizar su coexistencia con la ganadería y el resto de actividades con las que comparten territorio, el problema se agravará y los eventuales daños causados por estos animales pasarán a ser imputables únicamente al Estado, ya que las comunidades se quedarán sin capacidad de gestión.

Por todo lo expuesto, la conselleira animó a la regidora de Viveiro a implicarse activamente y mostrar su apoyo explícito a la demanda de la Xunta —avalada ya por otras 10 comunidades autónomas, ayuntamientos y las principales organizaciones agrarias a nivel nacional y autonómico— y exigir la retirada inmediata de la orden ministerial para la inclusión del lobo ibérico en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial.

Una propuesta que hizo extensible, también, al resto de regidores de la Mariña lucense, que conocen desde el primer momento las repercusiones que puede traer consigo la aprobación de esta orden, así como el impacto económico y social que causa el lobo en el sector primario.

Hace falta recordar que la orden ministerial está pendiente del dictamen definitivo del Consejo de Estado, un organismo que ya en el mes de julio y tras una primera revisión de la documentación remitida por el Ministerio, mostró sus dudas al respecto de que el aumento de la protección del lobo esté justificada en los términos que propone el Gobierno central.