La Xunta celebra que el Estado retire el recurso contra la Ley de Salud gallega tras el acuerdo conseguido en la Comisión Bilateral

El texto legislativo recogerá una disposición adicional sobre la vacunación, aclarando que será voluntaria en el marco de la estrategia nacional de vacunación

El Gobierno gallego muestra su satisfacción por conseguir este acuerdo que la Xunta pidió desde el primero momento

Santiago de Compostela, 28 de julio de 2021

La Xunta celebra que la Administración General del Estado había decidido retirar el recurso interpuesto en contra de la Ley de Salud Galicia tras el acuerdo conseguido en la Comisión Bilateral.

En el seno del grupo de trabajo constituido con la intención de negociar la redacción final del texto, sobre todo en el que tiene que ver con la vacunación, se llegó a un acuerdo por lo que la iniciativa legislativa recogerá una disposición adicional sobre la aplicación de las medidas de vacunación en el marco de las competencias estatales de coordinación general de la sanidad y de la estrategia nacional de vacunación.

Teniendo en cuenta ese acuerdo, la ley aclarará el carácter voluntario de la vacunación con carácter general, y que se aplicará de acuerdo con el establecido por la Administración General del Estado en el ejercicio de sus competencias y de acuerdo también con la estrategia nacional de vacunación vigente, en el marco del que determine el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Además, las campañas de vacunación se van a articular sobre el principio de la colaboración voluntaria de las personas afectadas con las autoridades sanitarias.

En base a este acuerdo, y una vez modificado ese punto de la normativa, la Administración General del Estado anunció su intención de desistir del recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional.

La Xunta celebra este acuerdo y recuerda que desde el primer momento manifestó su voluntad de negociar la redacción del texto que había dado lugar al recurso, además de manifestar en su día a su disconformidad con que el Gobierno central había interpuesto el recurso ante el Tribunal Constitucional sin abrir antes un diálogo con la Administración autonómica.