La directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo y el alcalde mantuvieron una reunión esta semana

Medio Ambiente señala que Vilanova de Arousa paga las consecuencias de la falta de armonía entre el reglamento estatal de Costas y la Ley del suelo

Encarnación Rivas recuerda que la Xunta viene reclamando al Gobierno central un cambio en la normativa sectorial de costas para agilizar la emisión de los informes

Señala que en Galicia, desde la entrada en vigor de la Ley del suelo, se limitó el plazo de emisión de los informes a tres meses, tras los cuales se entienden en sentido favorable
 

Santiago de Compostela, 15 de julio de 2021

La directora general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Encarnación Rivas, lamentó que el Ayuntamiento de Vilanova de Arousa tenga que sufrir las consecuencias de la falta de armonía entre el reglamento estatal de Costas y la Ley del suelo autonómica.

La directora general mantuvo esta semana una reunión con el alcalde, Gonzalo Durán, quien le trasladó que la demora, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, en la emisión de los informes en materia de costas, impiden introducir mejoras en la normativa urbanística vigente y, en consecuencia, provoca la paralización de la actividad municipal. En la actualidad, Vilanova está tramitando una serie de modificaciones puntuales de las Normas subsidiarias de planeamiento que rigen en el Ayuntamiento.

Encarnación Rivas le indicó que desde la Consellería se ha trasladado a los representantes del Ministerio —la última vez en la reunión entre la conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda y el secretario de Estado de Medio Ambiente, celebrada la semana pasada— la necesidad de abordar una modificación sectorial de costas para simplificar la tramitación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, de manera que sea acorde a la normativa autonómica.

La propuesta que expone Galicia, ya recogida en la ley autonómica aprobada hace cinco años, es que la emisión de un informe sectorial en materia de costas sea en un plazo máximo de tres meses y que, en el caso de superarse ese período, se establezca el sentido positivo del silencio.

Así, la directora general manifestó que tiene constancia de que, a pesar de que la normativa estatal prevé un plazo de un mes para la emisión del informe sectorial previo a la aprobación inicial y de dos meses para el informe de aprobación definitiva, el Gobierno central incumple reiteradamente estos plazos, ya que emplea entre 8 y 12 meses para la emisión de los mismos. “Esta situación aún se agrava más toda vez que el sentido del silencio es, en la actualidad, negativo”, explicó.

En este sentido, se comprometió con el regidor municipal a seguir insistiendo ante el Ejecutivo central en esta demanda, de tanta importancia y callado para la ordenación territorial y el impulso de la actividad económica.

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