Mar Pereira insiste en el Parlamento de Galicia en la necesidad de que el Estado se coordine con las CC AA para evitar que áreas rurales queden fuera de los objetivos de banda larga

La directora de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega), Mar Pereira, expresó hoy ante la Comisión de Industria, Energía, Comercio y Turismo del Parlamento gallego la necesidad de que el Estado se coordine con las Comunidades Autónomas para lograr que los fondos comunitarios se empleen para asegurar los objetivos europeos de conectividad con banda ancha en el rural. Mar Pereira defendió el modelo de colaboración entre administraciones para que “la transformación digital no deje de lado a una parte de nuestro territorio y de nuestra sociedad”.

Los fondos comunitarios permitirán que el Gobierno dedique una dotación presupuestaria de más de 4.300 millones de euros al Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales para la Cohesión del que forma parte el Programa de Universalización de las Infraestructuras Digitales (UNICO) para el logro de los objetivos establecidos por la UE. En 2025, toda la población comunitaria debería contar con cobertura de 100Mbps. Además, deberán dotarse a los principales motores económicos de 1 Gbps y extender las nuevas redes 5G en vías de transporte y ciudades.

Sobre la parte de esos fondos que se deben asignar a actuaciones en Galicia, la Xunta trasladó al Estado que, para el logro de los objetivos, tiene que tener en cuenta la realidad gallega, que presenta unas dificultades específicas derivadas de la dispersión de la población en núcleos muy pequeños. Galicia tiene el 40% de los núcleos de población de toda España, y el 90% de ellos cuenta con una población de menos de 100 habitantes. El promedio de población por núcleo en Galicia es el más bajo de España, con 89 habitantes, frente a los 761 del promedio español.

La propuesta de colaboración de la Xunta se refiere al logro de los objetivos a través de la ejecución de los fondos, pero también de la cooperación en el seguimiento de los compromisos de ejecución y calidad del servicio que deben cumplir los operadores de telecomunicaciones beneficiarios de ayudas públicas.

La directora de la Amtega intervino en la Comisión parlamentaria para dar respuesta a una pregunta del grupo socialista sobre el control por parte de la Xunta de los contratos de despliegue de fibra óptica adjudicados a las operadoras en los ayuntamientos de Galicia es, concretamente, en el de Gondomar, en la provincia de Pontevedra.

Mar Pereira informó de que el contrato de despliegue que Telefónica está llevando a cabo en el ayuntamiento de Gondomar forma parte del “Programa de Extensión de Banda Ancha” (PEBA) del Gobierno central, y en el del Plan 2020 de la Xunta de Galicia. En este sentido, recordó que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones es el órgano encargado de la subvención concedida la Telefónica en este caso y, por lo tanto, es también responsable del seguimiento y control de la actuación.

En los despliegues derivados de los planes de la Xunta, condicionados y limitados en la actualidad por la necesidad de autorización por parte del Estado, la Amtega realiza un exhaustivo seguimiento de control, tanto en la fase de despliegue, como durante la explotación de la red. En la primera fase, el seguimiento es mensual, para asegurar el cumplimiento en forma y plazo de los compromisos. Durante los 10 años siguientes, la Xunta realiza tareas de control trimestrales y semestrales para monitorizar el correcto funcionamiento de la red.

Durante su comparecencia, Mar Pereira recordó que, en el primero Plan de Banda ancha, cuando el Gobierno gallego pudo disponer de más de 100 millones de euros, Galicia fue de las primeras regiones europeas en impulsar el despliegue de redes de nueva generación. Estas actuaciones permitieron reducir la 7 puntos el diferencial con el promedio estatal en redes de 100 Mbps en 2015. A partir diera año, la centralización de la ejecución de los fondo Feder para el despliegue de banda ancha en el Ministerio competente llevó a un aumento en la brecha con Estado hasta los 15 puntos en 2020.