La Xunta condonará total o parcialmente la deuda del 80% de las personas que cobraron el IMV y la Risga a la vez

Aquellos que tengan que hacer frente al pago, contarán con un plazo 30 meses para devolver las cuantías

El Gobierno gallego comenzará a tramitar la reforma de la Ley de inclusión social el próximo trimestre para adaptarla al nuevo escenario
 

Santiago de Compostela, 18 de junio de 2021

La conselleira de Política Social, Fabiola García, anunció hoy, en una respuesta en el pleno del Parlamento gallego, que la Xunta condonará total o parcialmente la deuda del 80% de las personas que recibieron el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta de Inclusión Social de Galicia (Risga) de manera simultánea. Se trata de aquellas personas que tienen hijos a su cargo.

Fabiola García explicó que, como Galicia, son muchas las comunidades que con la aparición del Ingreso Mínimo Vital se encuentran con duplicidades entre prestaciones. Para que las personas que cobraron ambas rentas puedan normalizar su situación el Gobierno gallego aporta varias facilidades, como conceder un plazo de 30 meses para devolver las cuantías o condonar la deuda.

La conselleira de Política Social recordó que la Xunta de Galicia advirtió en varias ocasiones al Gobierno central que el diseño y la aprobación de esta nueva prestación no eran adecuadas. La Administración autonómica avisó, entre otros aspectos, de la falta de capacidad de la Seguridad Social para gestionarla, lo que provocaría grandes demoras en su tramitación. Y alertó, asimismo, de que habría desajustes entre el IMV y las rentas autonómicas que darían lugar a solapamientos y duplicidades.

Por eso, se solicitó al Gobierno central que tomara las medidas necesarias para evitarlo y, incluso, se demandó el traspaso de competencias de la prestación estatal, como se hizo en el País Vasco o Navarra, petición que, sin embargo, si le denegó a Galicia. A pesar de las advertencias, Fabiola García lamenta que “el tiempo nos dio la razón, pero sinceramente, tener o no la razón es lo que menos nos importa, lo que nos preocupa es resolver esta situación provocada por las prisas y la improvisación del Gobierno central”.

Tres alternativas

Ante tal situación, la Xunta de Galicia barajó tres alternativas para resolver el desajuste. La primera fue una reforma rápida de la Ley de inclusión social, que no fue posible llevar a cabo porque el Real Decreto-ley del Ingreso Mínimo Vital, tuvo que ser modificado media docena de veces y aún, después de treinta prórrogas, se está negociando la Ley que lo aprobará definitivamente.

La segunda alternativa llevó a la Administración autonómica a solicitar al Gobierno central un mecanismo para compensar los indebidos, con una negativa por parte del Ejecutivo nacional. Por lo que, en tercero lugar, el Gobierno gallego decidió mantener la Risga durante todo el período que los solicitantes del IMV se mantenían a la espera de cobrar la prestación para evitar dejarlos sin ingresos.

De cara a medio y largo plazo, la Xunta de Galicia adaptará su política de inclusión al Ingreso Mínimo Vital. Para eso, en el próximo trimestre se tramitará la reforma de la Ley de inclusión social, para lo cual la conselleira de Política Social pidió un amplio apoyo parlamentario. El Gobierno gallego lleva meses trabajando en esta reforma, para la que cuenta con las aportaciones de las entidades de lucha contra la pobreza.

 

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