La Comisión superior de Derecho Civil rechaza la tributación de las transmisiones sucesorias en vida que propone el Gobierno central

La Comisión superior para el estudio del desarrollo del Derecho Civil gallego rechazó hoy, en una reunión de su pleno presidida por el vicepresidente primero, Alfonso Rueda, el proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra lo fraude fiscal del Gobierno central que incluye una modificación en la tributación de los pactos sucesorios en el IRPF.

El órgano consultivo elaborará un pronunciamiento en el que expondrá los motivos de esta nueva regulación que introduce la tributación de las transmisiones sucesorias en vida sobre los pactos sucesorios, una figura propia del Derecho Civil gallego. El documento se remitirá a los grupos parlamentarios.

La Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y las normas sobre derecho civil le reconocen a Galicia la competencia para aplicar en la realidad gallega la transmisión de bienes y derechos antes del fallecimiento, como se viene haciendo mediante la Ley 2/2006 de Derecho Civil de Galicia que regula estos pactos y que permitió que más de 142.000 gallegos y gallegas hayan recibido bienes por esta vía desde 2016.

Por eso, la Xunta considera que vulnera los principios de igualdad y neutralidad del sistema tributario en comparación con las herencias por fallecimiento. También alega que el proyecto en el que trabaja el Ejecutivo estatal va en contra de las costumbres e instituciones del derecho civil propio de Galicia, al pretender obligar a los beneficiarios de un pacto sucesorio a mantenerse en la titularidad de ese bien para evitar el incremento fiscal en el IRPF, del que hasta ahora estaban exentos.

Por otra parte, el Gobierno gallego también considera que el proyecto legislativo estatal establece una presunción general de fraude en una transmisión lícita arraigada en el ámbito del Derecho Civil gallego, lo que muestra un desconocimiento del sentido de los pactos sucesorios en la comunidad. De este modo, de la reforma que está tramitando el Gobierno central se deduce que si el bien se vende antes del fallecimiento de la persona que realiza la transmisión se trata de un fraude y sin posibilidad de probar ese hecho y, por tanto, admitir prueba en contrario.

Además, advierte de que la nueva medida perjudicará a los ciudadanos que se benefician de las transmisiones en vida por la necesidad de contar con un apoyo patrimonial al recibir en anticipo los bienes que le corresponden en herencia y poder disponer así de liquidez para formar una familia o emprender una actividad profesional. En esta línea, la Xunta defiende que las herencias en vida permiten dinamizar el patrimonio al transmitir, por ejemplo, propiedades de padres a hijos para ponerlas en valor, así como favorecer la sucesión en las empresas.