Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria recurrirán en el Tribunal Supremo la orden del Gobierno central de inclusión del lobo en el Listado de protección especial si no da marcha atrás

Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria, las cuatro comunidades donde habita el 95% de ejemplares de lobo ibérico de España, anunciaron hoy en una rueda de prensa conjunta que recurrirán en el Tribunal Supremo la orden del Gobierno central de inclusión de esta especie en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe), siempre y cuando el Ejecutivo estatal no dé marcha atrás

La conselleira de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez; el conselleiro de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el conselleiro de Medio Rural y Cohesión Territorial de Asturias, Alejandro Calvo; y el conselleiro de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco, así como las organizaciones profesionales agrarias nacionales —Asaja, COAG y UPA— se reunieron esta mañana en León para tratar sobre la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de incluir el lobo en la Lesrpe.

Los representantes autonómicos solicitaron la retirada “inmediata” de la orden del Ejecutivo central, anunciada el miércoles por sorpresa, y también pidieron la constitución de una mesa de trabajo en la que se debata “todo, sin ninguna línea roja y sin ninguna predisposición, como fue el anuncio de la semana pasada”. En la mesa demandan que estén representadas las comunidades, las organizaciones agrarias y no solo el Ministerios para la Transición Ecológica, sino también lo de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como otras entidades que se estimen procedentes.

Este grupo debería encargarse, dijeron, de actualizar el censo nacional del lobo y también de trabajar en una renovación de la Estrategia de conservación y gestión, con un consenso “inevitable e indispensable”, no como el Gobierno central está haciendo en estos momentos.

No obstante, si a mediados del mes de junio no hay una retirada del proyecto de orden ministerial y no hay una llamada del Ministerio a ese diálogo tan solicitado, las comunidades lobeiras avanzaron que elaborarán en conjunto su propia Estrategia, que será trasladada tanto al Estado cómo al resto de comunidades para su consideración, teniendo en cuenta su experiencia con la especie. Esta herramienta se basará, detallaron, en un censo nacional previo y actualizado de toda la población que también elaborarán.

Pero si esta propuesta no es admitida, y la orden estatal acaba publicándose, los representantes autonómicos anunciaron que presentarán, como última medida inevitable, un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para pedir medidas cautelarísimas de suspensión de la orden, con el fin de paralizar su eficacia hasta el pronunciamiento final de la justicia.

Indemnizaciones a cargo del Ministerio

Por otra parte, las cuatro comunidades no entienden como el texto del Gobierno señala que la decisión “no supondrá el incremento de los recursos económicos disponibles por la Administración General del Estado”, una afirmación que falta a la verdad. De hecho, entienden que, a partir del momento de la publicación, el Ministerio tendría que hacerse cargo de todas las indemnizaciones y compensaciones derivadas de los daños que produzca la especie, además de las actuaciones preventivas —hasta ahora soportadas exclusivamente por ellas-.

Por poner un ejemplo, Galicia dio ayudas por un total de 5 millones de euros desde 2015 entre la prevención de daños ocasionados por fauna silvestre y paliar los daños ocasionados por el lobo. De hecho, según expuso Ángeles Vázquez, desde ese 2015 se dobló prácticamente el número de avisos, con cerca de 618 en 2015 y más de 1.300 en 2020, para un total de casi 1.000 reses más afectadas en ese período —de 1.430 a 2.380—.

Además, la Comunidad gallega ya cuenta desde 2009 con un Plan de gestión que hizo aumentar las manadas de las 60 contabilizadas en 2003 a las 90 de 2015; “una cifra que sigue aumentando, como demuestra el incremento de daños de los últimos años”, dijo.

Además, Ángeles Vázquez recordó que Galicia acaba de adjudicar el contrato para la actualización del estudio poblacional del lobo, un trabajo sobre 29.000 km2 que se llevará a cabo hasta octubre de manera similar al realizado en el años 2013 y 2015, en el que se estimó la existencia de las dichas 90 manadas.

“Deslealtad institucional”

Durante la rueda de prensa, los representantes autonómicos también quisieron dejar clara la deslealtad “institucional” del Gobierno central en los últimos meses, culminada la semana pasado con el envío del borrador de la orden menos de veinte cuatro horas antes de que se hubiera abierto el período de información pública general.

Un “desprecio”, según lo calificaron, “frente a las numerosas llamadas al consenso” durante todos estos meses, en los que no obtuvieron respuesta con argumentos científicos y técnicos a los reiterados escritos e informes remitidos, así como tampoco a los alegatos.

De este modo, dejan claro que no van a suscribir ni aplicar la nueva estrategia de gestión de la especie propuesta por el Gobierno central, que viene a sustituir a un documento aprobado en 2005 y que, como recuerdan, en ese momento sí contó con el consenso de todas las autonomías y gracias a eso está plenamente vigente.

Además, los conselleiros apuntaron que el comité científico del Estado reconoce que para elaborar la orden no pudo emplear “criterios objetivos” y que los que usaron “no dejan de ser muy subjetivos”, lo que “puede dar lugar a inconsistencias en el Lesrpe”, dice su texto. Así, se refirieron a los valores ecológicos y culturales expuestos por el Gobierno, que no justifican una protección particular del lobo por su singularidad, rareza o grado de amenaza, precisamente el que exige la ley.

Por eso, los conselleiros no comprenden que se les trate de imponer un modelo de mayor protección de la especie precisamente en los territorios en los que es más abundante y contra el criterio avalado con datos de los responsables de su gestión en estas zonas.

Valoración positiva de las organizaciones agrarias

Por último, en presencia de las principales organizaciones agrarias, que valoraron “muy positivamente el encuentro”, los representantes autonómicos lanzaron un mensaje de apoyo incondicional a la ganadería extensiva y al resto de la biodiversidad, fundamental en la economía de las zonas rurales, y que precisa de un modelo de coexistencia basado en la reducción de daños y la justa indemnización cuando estos se produzcan.

Hace falta recordar que el Ejecutivo central también ignoró el pronunciamiento en contra de los parlamentos regionales, además de la carta abierta en apoyo la una gestión del lobo basada en el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia, que apoyaron once autonomías —las cuatro presentes hoy, País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia, Andalucía, Navarra y la ciudad autónoma de Ceuta—, organizaciones agrarias, ayuntamientos o colegios profesionales, entre otras entidades.