La Xunta reclama que el Estado compense la ruralidad de Galicia en el reparto de fondos del plan Corresponsables y en la creación de centros de emergencia para víctimas de la violencia sexual

El secretario general de la Consellería de Empleo e Igualdad, José Ramón Pardo, y la secretaria general de la Igualdad, Susana López Abella -junto con las personas titulares de los departamentos de Igualdad en las Comunidades Autónomas y la ministra del ramo- participaron hoy en la Conferencia Sectorial de Igualdad en la que abordaron el reparto de dinero para el Plan Corresponsables y la puesta en marcha de centros de atención de emergencia 24x365 del plan España Protégete para las víctimas de agresión sexual. En ambos casos, Galicia reclamó del Estado que en el reparto de fondos se tenga en cuenta el criterio de población rural para dar cobertura de las mujeres y familias residentes en lugares alejados del urbano.

En relación con la apertura de centros de atención continua la víctimas de agresión sexual, la Comunidad solicitó diseñar de primera mano los servicios para “garantizar la disponibilidad de manera equitativa, asegurando su accesibilidad a las mujeres de las zonas rurales”. Tal y como reflejó en la reunión los representantes de la Xunta, “deben ser las Comunidades Autónomas las responsables finales de su diseño y distribución territorial, garantizando el mínimo establecido de un centro por provincia”.

La secretaria general de la Igualdad recordó que Galicia solicita que los aspectos de reparto de los fondos que se utilicen en la puesta en marcha de estos centros -la Comunidad recibirá 4,7 millones de euros hasta 2023- “deben ser los mismos que en la asignación de fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género” y que se asimile el criterio de población “rural” al de insularidad, al de número de mujeres mayores de 15 años o al de dispersión poblacional. En esta línea, Galicia incidió en la necesidad de dar continuidad a estos apoyos más allá de 2023, para garantizar la sostenibilidad de los nuevos dispositivos.

La Xunta mostró, por otra parte, su discrepancia en la distribución de los fondos destinados al Plan Corresponsables, de los que 10,7 millones corresponderán a Galicia. Este dinero pueden destinarse a proyectos que faciliten la conciliación de familias con menores de 14 años, mediante la creación de bolsas de cuidado profesional, la creación de empleo de calidad en este ámbito y la puesta en marcha de un sistema de acreditación de competencias profesionales adquirida a través de la experiencia y por vías no formales.

“Somos una de las Comunidades con una de las mayores tasas de envejecimiento y peor tasa de reposición, especialmente en las provincias de Lugo y Ourense”, recordó López Abella, que defendió que “por coherencia” se habilite en los fondos “una partida especifica para comunidades como la nuestra, con el mayor peso de población en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, atendiendo a que la mayor parte de la población no vive en el entorno próximo del núcleo municipal, sino en entidades de población singulares”. Galicia defendió en esta línea que los cuidados puedan recaer en las personas mayores.

Esfuerzo por la población rural

La Xunta mantiene una apuesta decida por la conciliación de las familias, con un gran esfuerzo económico para apoyar la creación de servicios, como la construcción de guarderías. La Comunidad supera el ratio recomendado por la UE de plazas públicas de escuelas infantiles de cero la tres años o la implantación de las Casas Nido en municipios con menos de 5.000 habitantes. En la actualidad, tal y como destacó la secretaria general de la Igualdad, Galicia cuenta con 76 instalaciones para un máximo de 5 bebés. Estas actuaciones se vienen completando con la puesta en marcha de Casas del Mayor, además del apoyo a los ayuntamientos para programas de conciliación, con prioridad para los que tienen más baja densidad de población.

“Galicia está poniendo un porcentaje muy importante del presupuesto general de la Comunidad para que el rural sea una opción de vida para muchas parejas nuevas y no lo abandonen porque no tengan servicios en igualdad de condiciones que en las ciudades, para sus hijos y hijas, o sus mayores dependientes”, enfatizó López Abella, quien mostró ante la ministra que “no sería coherente por parte del Estado que se obvie esta realidad, similar en dificultades y esfuerzo económico a la insularidad”.